El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha pedido a la Junta de Andalucía a que "termine de pagar la deuda que tiene con sus proveedores", tras haber estimado que la cantidad pagada por las agencias públicas y departamentos de la Junta de Andalucía a las empresas constructoras y consultoras "ha podido alcanzar los 200 millones de euros".

En una nota, Ceacop reconoce que entre el 27 y el 28 de diciembre de 2012, la Junta de Andalucía ha pagado a sus proveedores parte de la deuda económica que mantenía con ellos, gracias a la inyección económica procedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Con este movimiento económico, el Gobierno autonómico "ha dado una respuesta, al menos parcial, a una demanda ya histórica de las empresas dedicadas a la obra pública".

Ha recordado que desde hace años, la Junta de Andalucía "dejó de pagar a estas empresas la construcción de infraestructuras finalizadas y que están en servicio, incumpliendo así los compromisos de pago firmados en los contratos".

El presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, apunta que aunque este pago "ha facilitado algo de alivio financiero" a las empresas, "el problema no está resuelto, sino que el compromiso de pago debe ser del cien por cien, ya que todavía quedan más de 500 millones de euros que la Junta no ha pagado a las empresas y que no sabemos cuándo se abonarán".

La patronal andaluza apremia al Ejecutivo autonómico a que "formule y ponga en marcha el mecanismo de pago que crea oportuno, con la prioridad de liberar a las empresas de la asfixia económica". "Hoy por hoy, las empresas de obra pública se encuentran doblemente castigadas por la restrictiva situación actual, ya que además de la deuda las constructoras y consultoras tienen enfrente un mercado financiero que les cierra las puertas a las posibilidades de financiación", se lamenta Ceacop.

Reclamaciones conjuntas por impagos

Ha recordado que a mediados de 2012 esta institución coordinó una reclamación ante el Registro General de la Junta de Andalucía, donde las empresas "denunciaron de forma conjunta el impago de obras ejecutadas, con aprobación técnica firmada por los responsables de la Junta que certifican la finalización de los trabajos, y que no se han abonado".

Además, también ha recordado que hay firmas andaluzas que a continuación han recurrido a los tribunales como última vía para poder cobrar las cantidades que le adeuda la Administración.

Precisa que para la reclamación de los pagos pendientes, las empresas tienen a su favor la Ley de Lucha contra la Morosidad, "que a partir del 1 de enero de 2013 se vuelve mucho más restrictiva y acota los plazos de pago a 30 días en el caso de contratos con la Administración pública, y 60 días en las operaciones comerciales entre empresas privadas".