Le ha ocurrido a uno de cada tres conductores madrileños en estos dos últimos años, según estiman la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y la empresa de recursos de multas DVuelta. Son personas que no son avisadas debidamente de que han cometido una infracción de tráfico. A veces se enteran cuando Hacienda les embarga de su cuenta bancaria el importe de la sanción. A otras, son empresas aseguradoras las que se encargan de llamarlas para informarles de la posibilidad de recurrir.

No ser avisado de una multa supone un gran perjuicio para el infractor, ya que le impide recurrirla o beneficiarse de un descuento, si la paga a tiempo, o saber cuántos puntos le quedan en el carné de conducir. Así, una sanción que podría llegar a pagarse con descuento por unos 50 euros puede costar, al final, más de 300 (seis veces más). Es la situación en la que se encuentran, al menos, 100.000 personas en la región.

La causa mayor de este problema está en el Testra, el portal de la DGT que se puede visitar en Internet para comprobar las multas de tráfico. Entró en funcionamiento en noviembre de 2010. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid y la DGT han estado notificando a través de este portal multas que se habían cometido antes de esta fecha, lo que era ilegal puesto que la ley dictaba que las sanciones anteriores a noviembre de 2010 debían seguir el protocolo informativo ordinario: aviso en domicilio y, en su defecto, publicación en el Boletín Oficial, no en el Testra. Un buen ejemplo es una sentencia dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de noviembre de 2012. "Lo incluyeron en el Testra sin enviarme la notificación y me quitaron 472 euros de la cuenta por un exceso de velocidad. Recurrimos y ahora nos tendrán que devolver el dinero", explica Silvia Puerta, vecina de Fuenlabrada, a 20 minutos.

Además, hay denuncias porque el Testra tiene fallos. En muchas ocasiones no localiza expedientes que sí están publicados por errores en el buscador. También se ha acusado a la Administración de "falta de diligencia" para buscar el domicilio correcto de una persona.

"Les ha pasado al menos a 100.000 personas", explica Mario Arnaldo, presidente de AEA. "Se trata de multas ilegales, y antes de pagarlas hay que llevarlas ante la Justicia", apostilla. "En muchos casos esta práctica conlleva que algunos conductores puedan llegar a perder su saldo de puntos de carné sin saberlo, lo que está constituido como delito y podría conllevar incluso penas de prisión", asegura Pedro Javaloyes, portavoz de DVuelta.

Entre 2008 y 2010, de los ocho millones de multas de tráfico que se pusieron en España, 1.767.397 fueron por no identificar al conductor, que la mayor parte de las veces ocurre porque el infractor no se ha enterado de la sanción, según un documento enviado por la DGT al Congreso de los Diputados en 2011.

En otras ocasiones, ante la imposibilidad de conocer la dirección del infractor (porque no aparezca en los registros, por ejemplo, o porque se haya ido a vivir al extranjero), la Administración Pública, ya sea un ayuntamiento o la DGT, opta por incorporar el nombre del sancionado a un boletín oficial o en el mismo Testra y con eso se considera que el infractor se ha dado por enterado. A veces también se siguen enviando sanciones a direcciones antiguas aunque el interesado ya haya comunicado el cambio de domicilio.