Los trabajadores protegidos por la llamada cláusula de revisión salarial –que permite actualizar los salarios en relación al coste de la vida– han caído a la mitad durante la crisis. Si en 2008 había 11,9 millones de asalariados sujetos a convenios que incluían esta norma, actualmente son apenas seis millones (el 41% de los trabajadores), según datos de Comisiones Obreras.

Los sindicatos denuncian una «importante devaluación» de las rentas salariales en España a lo largo de la crisis y especialmente en 2012, debido al efecto conjunto del paro –con dos millones de personas sin ningún tipo de subsidio–, la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra a los funcionarios y las bajas subidas salariales de quienes tienen un empleo.

Y es que ni siquiera tener una cláusula de revisión salarial garantiza mantener el poder adquisitivo. Tras la firma, en febrero de 2010, del acuerdo de contención de precios entre sindicatos y empresarios, los salarios se han revalorizado un 2,44% (en 2011) y un 1,31% (en 2012), respectivamente, para hacer frente a subidas anuales del IPC del 3,2% y del 2,9%. Es decir, en apenas dos años se ha acumulado una pérdida de poder de compra del 2,4%, según el Informe de situación de la Negociación Colectiva, elaborado por UGT a partir de datos del INE y el Ministerio de Empleo.

Los propios sindicatos han dado por buena la contención de salarios para mantener la competitividad y evitar la destrucción de empleo. Sin embargo, ese compromiso sindical se apoya en el de los empresarios de limitar, por su parte, los beneficios. Algo que, tal como denuncia UGT, no se ha producido: Sólo en el último trimestre los excedentes empresariales se han disparado un 2,7%. Es decir: las empresas suben los precios para mantener o incrementar sus márgenes de beneficio.

En lo que va de año, los beneficios empresariales se han desplomado debido al empeoramiento de la crisis. Tanto que hasta septiembre de 2012 se registró la peor caída desde 2005, según el Banco de España. La subida de precios es una de las herramientas más habituales para hacer frente a este problema, pese a que economistas y expertos insisten en que estas prácticas dañan la competitividad de la economía española.

Los precios aumentaron un 2,9% en el conjunto de 2012, según el dato interanual del IPC publicado por el INE. De esta cifra, casi la mitad podría explicarse por las subidas de impuestos aprobadas este año, según un informe del Instituto Flores de Lemus. «De no haberse aplicado estas medidas tendentes a incrementar los ingresos públicos, el IPC interanual de diciembre habría sido del 1,5%, y no del 2,9% observado. La mayor parte de dicho impacto se debe al IVA», sostienen los analistas de este organismo dependiente de la Universidad Carlos III.