El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha reclamado al Tribunal de Cuentas el embargo preventivo de una serie de propiedades de los herederos del exalcalde Jesús Gil como responsables solidarios a título lucrativo de un alcance contable en los fondos municipales de 108,3 millones de euros.

Así lo ha anunciado este martes, tras la junta de gobierno local, el portavoz del PP, Félix Romero, quien ha precisado que "el embargo de bienes ofrece más garantías de que pueda ejecutarse la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en abril de 2011 relativa a este desvío", que condenaba a los herederos de Gil a devolver a la ciudad más de 100 millones de euros.

De igual modo, el portavoz del equipo de gobierno ha añadido que "hasta ahora únicamente se ha ordenado el embargo de las acciones de las sociedades de los herederos de Gil y creemos que es una medida insuficiente".

La relación de propiedades sobre las que se ha solicitado el embargo está a nombre de las mercantiles Club Financiero Inmobiliario, Miramco S.L., Vegangeles y las promotoras inmobiliarias Alhambra y Alcazaba y son, concretamente, 43 locales comerciales, cinco parcelas, seis viviendas y 96 plazas de garaje, ubicados todos ellos en Marbella, Madrid o Torremolinos (Málaga), entre otras localidades.

Romero ha subrayado que si se concede el embargo, estos bienes se sumarían a las propiedades del ex teniente de alcalde del GIL Pedro Román que hace unos días el Tribunal de Cuentas ordenó que se embargaran por la misma causa; de este modo, "el Ayuntamiento estaría más cerca de restituir el patrimonio que fue malversado".

Paralización de contencioso

En la junta de gobierno local celebrada este martes también se ha dado cuenta de otro asunto de índole judicial. Se trata de un auto por el que se paraliza el contencioso por el que la empresa Alvemotor reclamaba al Ayuntamiento un total de tres millones de euros hasta que no se resuelva el procedimiento penal iniciado por el propio Consistorio en 2009 para dilucidar la situación.

El portavoz 'popular' ha explicado que en 1991 el entonces regidor, Jesús Gil, contrató con la empresa Alvemotor el alquiler de la flota de vehículos municipales "sin procedimiento, sin licitación y fijando el precio de forma arbitraria". El servicio se abonó hasta 2003, cuando la alcaldesa Marisol Yagüe decidió dejar de pagarlo y, aunque la comisión gestora resolvió el contrato en 2006, no se rescindió definitivamente hasta 2009.

La cantidad reclamada por Alvemotor corresponde al periodo comprendido entre 2003 y 2009, pero el procedimiento penal interpuesto por el Ayuntamiento en el Juzgado de Instrucción número 1 que ahora tiene que resolverse como paso previo "considera que las cantidades abonadas desde el año 1991 sin base ni procedimiento legal superan con creces el valor de mercado de la prestación y, por tanto, es la empresa la que adeuda dinero al Consistorio".

En su reunión semanal, la junta de gobierno local también ha aprobado la convocatoria por la que el Ayuntamiento otorgará ayudas en especie para el desplazamiento de los equipos deportivos del municipio que tienen que participar en competiciones oficiales de ámbito provincial, regional o nacional. Romero ha señalado que, "dada la delicada situación económica, se están potenciando este tipo de ayudas para los colectivos que las necesitan".

En este caso, los requisitos previos son que los clubes deportivos tengan su sede oficial en el término municipal, estén inscritos en el Registro de Entidades Ciudadanas y participen un mínimo de 12 jugadores en eventos organizados por federaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deportes o la Dirección General de Deportes.