La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal, ha asegurado que tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 sobre la instalación de antenas de telefonía móvil en la plaza Ribera de Castilla se ha ordenado al servicio correspondiente la inspección de las mismas para proceder a su clausura en el caso de que ya estuviera en funcionamiento.

En un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press y en declaraciones a la Cadena Ser, la edil vallisoletana ha explicado que la sentencia del Juzgado vallisoletano llega como consecuencia de otra resolución del Tribunal Supremo que anulaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad mediante se trataba de dar posibilidad de instalar antenas de telefonía móvil en edificios residenciales.

Pero Cristina Vidal ha matizado que esa anulación se fundamenta en un "defecto en el tiempo" por parte de los servicios municipales ya que, pese a la fecha de la modificación es febrero de 2006, no se aprobó en el Pleno municipal hasta mayo, después de que una Ley estableciera la obligatoriedad de someter este tipo de instalaciones al procedimiento de evaluación ambiental.

Por otro lado, ha justificado que el Ayuntamiento no siguiera este trámite porque en 2008 la Consejería de Fomento de la Junta no incluyó este tipo de modificaciones entre las que debían someterse al procedimiento de impacto ambiental.

Sin embargo, ha añadido, el Consistorio, por un lado da cumplimiento a la sentencia del Supremo, ya que "ha iniciado la tramitación correspondiente", y por otro ha dado orden de inspección para que compruebe si la Estación Base de Telefonía de la compañía Vodafone situada en Ribera de Castilla se encuentra instalada y en funcionamiento, y en ese caso, se ejecutará la orden de "cese y clausura".

Por otra parte, el Consistorio ha señalado que en la misma plaza existe otra instalación de antenas de Telefónica Móviles, con la misma fecha de licencia de obras, también recurrida en vía contencioso-administrativa, y pendiente de sentencia judicial. A este respecto, el Ayuntamiento también investigará si la estación se encuentra ya en funcionamiento, ya que el pasado 21 de diciembre se comunicaba el inicio de actividad que no fue admitida por los servicios municipales.

Asimismo, ha explicado que el pasado mes de septiembre se inició la tramitación en el Ayuntamiento con el fin de dar cumplimiento a la sentencia, por lo que se remitió un informe de consulta ambiental a la Junta de Castilla y León, y, a juicio de Vidal, "será quien tenga que decir si se ha dado cumplimiento al trámite ambiental".

De hecho, ha recalcado que "en puridad", si no existiera la sentencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento considera que no tendría que llevar a cabo ese trámite ambiental.