La Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz en relación a una vivienda ilegal levantada en dominio público marítimo terrestre clasificado como suelo no urbanizable protegido en Puerto Real y que, en virtud del nuevo fallo, tendrá que ser demolida.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo presentó en tiempo y forma una apelación contra la decisión del referido juzgado, que condenaba a una persona a seis meses de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de profesiones relacionadas con la construcción y a una multa de 1.440 euros por un delito contra la ordenación del territorio. No obstante, no establecía la demolición de la vivienda.

Tras el recurso de la Fiscalía, la Audiencia ha modificado el último párrafo de aquella sentencia, que ahora establece que la vivienda en cuestión "se encuentra enclavada en la que existen viviendas diseminadas". Así, se revoca parcialmente la resolución en el único sentido de acordar la demolición de las construcciones ilegales, viviendas y el porche ilegalmente levantados por el acusado, que tendrá que correr con los gastos.

Cabe señalar que la vivienda mencionada se ubica en el paraje conocido como Picardía-Las Aletas, en el término municipal de Puerto Real, dentro de una zona de protección de dominio público terrestre. Además, carecía de licencia municipal y de autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.