La actividad de los casales falleros sigue sin estar amparada legalmente, pese a que la Conselleria de Gobernación aprobó el pasado 18 de marzo de 2011 un decreto con el objetivo de regular las sedes festeras.

La causa de este vacío legal en el que siguen sumidos los casales es que, casi dos años después de la entrada en vigor de esta ley, el Ayuntamiento de Valencia aún no ha desarrollado una normativa que especifique los horarios y requisitos que deben cumplir estos locales, tal y como dice el decreto, que establece tres tipos de licencias (A, B o C) a los que cada falla debe acogerse en función de las actividades que desarrolle en su casal.

En este sentido, la mayoría de comisiones estarían englobadas en la tipología B, que correspondería a locales no abiertos a la pública concurrencia, que podrían realizar actividades lúdicas y de ocio dirigidas a los miembros de la comisión y a invitados.

Mientras el Consistorio mira hacia otro lado, un juez acaba de ordenar el cierre del casal fallero José María de Haro-Poeta Mas y Ros tras una denuncia vecinal al considerar probado que el ruido generado en el local por los falleros «excede de lo normal». El despacho Carrascosa & Pérez abogados, que ha llevado el caso, tiene en marcha tres denuncias más contra otras tantas fallas.

"Es injusto, recurriremos"

La presidenta de la falla José María de Haro-Poeta Mas y Ros, Francisca González, tildó ayer de «injusta» la sentencia al asegurar que solo se reunen «una vez a la semana» y que nunca ponen «el equipo de música». Además, anunció que recurrirán la sentencia. La justicia ya ordenó el cierre del casal de las fallas General Pando-Serrano Morales y Sant Nicolau Mosquit, en Gandia.