Izquierda Unida (IU) ha criticado el gasto de 30,9 millones de euros por parte de los gobiernos de Aznar, Rodríguez Zapatero y del actual presidente, Mariano Rajoy, en litigios contra la empresa ABS por el hundimiento del 'Prestige' frente a las costas gallegas sin haber logrado "ningún resultado positivo".

En este sentido, señala que, una década después del hundimiento del petrolero, los abogados contratados por el Gobierno de España han agotado todas las vías de recurso sin lograr "ni un dólar" de los 1.000 millones que —según aseguran— se exigía a la empresa que autorizó al 'Prestige' a navegar.

Asimismo, indica que el gasto por el caso 'Prestige' sería mayor pero que —según el Gobierno— "no es posible desglosar los recursos económicos destinados" a informes, viajes, dietas y asesorías externas relativos a la asistencia jurídica al Estado en el resto de pleitos seguidos tanto en España como en Francia, así como en otras instancias legales comunitarias, incluido el juicio ya abierto y que se sigue en estos momentos en Galicia.

También detalla que los datos se han obtenido en respuesta a la solicitud de un balance por escrito de todas las acciones del Ejecutivo en relación al hundimiento del petrolero, que el diputado por Asturias, Gaspar Llamazares, realizó al Gobierno con motivo de los diez años desde que tuvo lugar el suceso.

PROCESO

El informe señala que la actuación del Gobierno ha consistido en la presentación de una querella en EE.UU en marzo de 2003 a través del despacho 'Holland and Knight' y, posteriormente, del despacho 'Squire Sanders' contra la empresa calificadora del buque 'Prestige', la American Bureau of Shipping (ABS).

El Ejecutivo explica en su respuesta que "el objeto de la demanda era únicamente determinar la responsabilidad de la empresa clasificadora, al haber clasificado como técnicamente navegable un buque que, a juicio del Estado español, no debía haberlo sido. No eran objeto de ese procedimiento en Estados Unidos determinar otras responsabilidades o la causa del siniestro". Más tarde, el 30 de julio de 2004, el Gobierno decidió ampliar la demanda reclamando a la empresa una indemnización por valor de 1.000 millones de dólares, según informa IU.

La demanda del Gobierno español fue rechazada en 2008 por el Tribunal del Distrito de Nueva Cork al considerar que España no podía presentar una reclamación de este tipo, al no haber suscrito el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (CLC) y posteriormente reaceptada, tras recurso del Ejecutivo español.

Finalmente, el pasado mes de agosto de 2012, el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. desestimó el recurso planteado por el Gobierno al considerar que "al no existir una relación contractual entre España y ABS, la única posibilidad de abrir un procedimiento ante el jurado es que existieran pruebas suficientes de que la empresa de clasificación, más concretamente los directivos de la empresa radicada en Estados Unidos, hubieran actuado con una negligencia grave o temeraria (reckless) al despachar la calificación del buque".