El portavoz de Justicia del PP en el Congreso y diputado por Granada, José Miguel Castillo, ha replicado este sábado a su homóloga socialista, Elvira Ramón, que el Gobierno "garantizará", según se desprende del anteproyecto de ley de Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que las mujeres víctimas de violencia de género queden exentas del pago de tasas a la hora de divorciarse o separarse de su pareja, así como "podrán ser representadas por un procurador y defendidas por un abogado" también "sin coste para ellas".

Esas medidas, según ha aseverado en una nota el diputado 'popular', "superan" la "insuficiente" petición realizada este viernes por el Grupo Socialista en el Congreso, que solicitó que "todos los procesos de separación y divorcio queden exentos del pago de tasas judiciales para asegurar la defensa de los derechos y la protección de las víctimas de violencia de género, y para evitar que puedan perpetuarse situaciones de conflicto entre cónyuges".

Además, el representante 'popular' ha criticado la "utilización partidista" que, a su juicio, ha realizado el Grupo Socialista al "tratar de confundir a la opinión pública con informaciones que no se corresponden con la realidad" en una materia en la "que está en juego la seguridad de muchas mujeres".

Por ello, Castillo ha instado a "huir de la demagogia y despolitizar al máximo la violencia de género" para que "las víctimas confíen en la Justicia" y "ninguna mujer deje de recurrir al amparo de los tribunales ni se abstenga de interponer una demanda de divorcio que la aparte del terrible drama de los malos tratos".

En esa dirección camina la labor del Gobierno central en esta materia, según el portavoz 'popular' de Justicia, para quien el Ejecutivo de Mariano Rajoy "tiene como prioridad superar los actuales obstáculos que dificultan o imposibilitan la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y, muy especialmente, la lucha activa contra la lacra de la violencia de género", a través de actuaciones como "el incremento de la colaboración entre el poder judicial y las fuerzas de Seguridad del Estado, o la creación de más de un centenar de juzgados especializados".