Nueva Canarias (NC) ha propuesto vincular la reducción del número de diputados en el Parlamento autonómico a la modificación del sistema electoral, propuesta que ya ha remitido en una carta a los portavoces parlamentarios.

Éste es tan sólo uno de los ejes de trabajo que llevarán a cabo los dos diputados de NC, Román Rodríguez y Carmen Hernández, en el nuevo periodo de sesiones de la Cámara, agenda en la que se incluye, además de la rebaja de las barreras electorales, la moratoria turística, un plan de lucha contra la pobreza y la reforma fiscal.

A partir de la segunda quincena de este mes, los grupos iniciarán el nuevo periodo de sesiones y NC ha decidido abrir de nuevo el debate de la reforma electoral, según una nota del portavoz parlamentario, Román Rodríguez.

Así, el objetivo de los nacionalistas progresistas es invitar a todos los grupos y al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a iniciar un debate "comprometido" sobre esta reforma.

De no llegar a un acuerdo, Rodríguez ha anunciado que presentará una Proposición de Ley para bajar las "inaceptables" barreras electorales para lograr un Parlamento "más plural", y dijo estar dispuesto a hablar de reducir el número de los diputados —60 en la actualidad— si se modifica el "injusto" sistema electoral.

Moratoria y plan contra la pobreza

Otro de los debates de que afrontará la Cámara en los próximos seis meses es la tramitación del Proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística.

Nueva Canarias, según su portavoz parlamentario, es favorable a mantener la limitación al crecimiento de camas —aunque con "razonables" excepciones— y a la renovación de los alojamientos y la rehabilitación de los espacios públicos de las áreas turísticas de las islas.

Román Rodríguez quiso recordar a los grupos que defienden "el liberalismo a ultranza en esta materia" que la causa de la crisis económica "no es el intervencionismo público, sino la desregulación del sistema bancario".

Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, recordó que las siete sentencias del Tribunal Supremo sobre la moratoria desautorizaron los previos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que daban la razón a los intereses particulares. En este sentido, Rodríguez ha afirmado que la jurisprudencia existente ha dado la razón a la Comunidad y a la Ley de Directrices de Ordenación Turística de abril de 2003.

Otro de los asuntos que formarán parte de la agenda de NC en el próximo periodo de sesiones es el incremento de las personas y familias canarias que han caído en la pobreza y la exclusión social.

Ante la negativa de CC y PSC a incluir en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma unas partidas para afrontar este problema, NC insistirá en la importancia de habilitar este plan y presentará una Proposición No de Ley al respecto.

FISCALIDAD

En relación a la necesidad de reformar la fiscalidad canaria y española, el portavoz de NC ha afirmado que las decisiones tomadas por el Gobierno de Canarias a lo largo de la crisis han sido "improvisadas, erráticas y con el único fin de recaudar, como en el caso de los nuevos tributos verdes".

En opinión de Román Rodríguez, "la política fiscal no debe servir sólo para incrementar los ingresos públicos, que son necesarios en estos momentos, sino que también debe preservar la equidad y la cohesión social a través de su redistribución e insertarse en una política económica que promueva el crecimiento económico".

En ese contexto incluyó, además, la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) que —en su opinión— debe afrontarse "sin más dilaciones". Román Rodríguez recordó que el calendario para decidir esta reforma comienza a estrecharse teniendo en cuenta el proceso legislativo a seguir.

Se refería así a la necesidad de negociar con el Gobierno de España para su posterior defensa y aprobación en la Unión Europea (EU) de algunas ayudas incluidas en el REF. Rodríguez dijo ser consciente de que Canarias no puede intervenir en la reforma fiscal estatal pero "sí puede fijar sus propuestas y planteamientos".

Para reflexionar sobre la reforma fiscal, NC propone la organización de unas jornadas de reflexión con expertos en la materia, que incluya la persecución del fraude fiscal.

El diputado recordó que la economía sumergida en Canarias se sitúa en el 28,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), unos 11.653 millones de euros. De ellos, 7.715 millones de euros proceden del fraude fiscal y 3.937 millones de euros del fraude laboral.

Según los técnicos de la administración tributaria estatal, la recaudación adicional en el archipiélago, si se redujese la economía sumergida en 10 puntos del PIB, sería de 1.530 millones de euros de ingresos y 516,9 millones por cuotas sociales, recordó el líder de Nueva Canarias.