Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han calificado el principio de acuerdo alcanzado esta pasada madrugada entre los trabajadores y la dirección de la Red de Paradores de España como "agridulce" porque, a pesar de haberse reducido el número de despidos previsto inicialmente, el ajuste afectará a 350 empleados. A partir de ahora, han asegurado, "vigilarán" que la gestión de dichos establecimientos no se privatice.

El secretario general de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Andalucía, Gonzalo Fuentes, ha señalado en declaraciones a Europa Press que si se privatizasen se iría "en contra de la marca España". "Son un referente del turismo no sólo a nivel nacional sino también internacional", ha precisado.

"Tenemos un sabor agridulce porque hay despidos y una rebaja de las condiciones sociales. No es satisfactorio pero hay que tener en cuenta las pretensiones iniciales de la empresa", ha manifestado Fuentes. En los mismos términos se ha expresado el responsable de la sección de Paradores de UGT Andalucía, Francisco Pérez, quien ha incidido en que "desde el primer momento se ha luchado por minimizar los despidos".

Así, aunque ha admitido que se han dejado "cosas por el camino", ha señalado que la valoración es positiva en Andalucía ya que no se cerrará ningún parador en la región, a excepción de los de Ayamonte (Huelva) y Cazorla (Jaén), que cerrarán cuatro meses anuales durante tres años, pasando sus trabajadores a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal, han informado los sindicalistas, y han añadido que en el de Arcos de la Frontera (Cádiz) sí se cierra el restaurante, dejándose únicamente un servicio de cafetería.

En Andalucía se preveían más de un centenar de despidos, cifra que CCOO-A cree que se quedará en alrededor de medio centenar, mientras que otros 50 pasarán a ser fijos-discontinuos, en concreto los de los dos paradores de apertura temporal. Por lo tanto, según Fuentes, la plantilla se reducirá en torno a un siete por ciento en la región y el seis por ciento de los empleados pasarán a ser fijos-discontinuos.

En este mismo sentido, el responsable de Paradores de UGT-A ha señalado a Europa Press que el número total se desconoce por el momento puesto que se va a crear una comisión para que se acojan a la misma aquellos que opten por una baja voluntaria y a los que se pagarán 25 días con 20 mensualidades, "mejor que si se aplicara la reforma laboral", han puntualizado los responsables sindicales.

"queremos que sea una red pública"

Tanto CCOO-A como UGT-A han reiterado que estarán atentos para que no se privatice la gestión de estos establecimientos emblemáticos, muchos de ellos en puntos de Andalucía donde su presencia supone "un valor añadido para la economía local". "Seguiremos defendiendo que sean públicos", han asegurado Fuentes y Pérez, al tiempo que han apuntado que estarían "encantados" de que la gestión pasase a manos de la Junta de Andalucía en caso de que a nivel nacional se optase por ceder la gestión a manos privadas.

"Tenemos la mosca detrás de la oreja porque si pasamos a manos privadas lo van a explotar y dejar secos para luego darles la patada", ha dicho el responsable de la sección sindical de Paradores de UGT-A, quien ha considerado que pasar a la Junta andaluza "sería perfecto".

En los mismos términos el responsable de Turismo de CCOO a nivel andaluz ha defendido que Paradores es rentable, de hecho, ha recordado que en Andalucía están tres de los establecimientos con mejores resultados de España —Granada y los malagueños de Ronda y Nerja—.

Fuentes ha indicado que pedirán que se mejore la gestión y la puesta en valor de estos hoteles: "con una gestión eficaz se reducirían costes. Los paradores son patrimonio de España, edificios históricos y forman parte de nuestra cultura y de la marca turística".

"No deben ser nunca privados", ha recalcado, incidiendo en que teme "que los hagan no rentables para tenerlo como excusa para la privatización". Por ello, van a solicitar al Parlamento de Andalucía que se pronuncie a favor de estos lugares y de sus trabajadores así como de la cesión de los mismos al gobierno autonómico.