El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este viernes la modificación del Reglamento de la Cortes de Castilla-La Mancha, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y establece que los diputados regionales recibirán una cantidad en concepto de indemnización por los gastos derivados de sus funciones representativas.

En concreto, los parlamentarios recibirán una indemnización fija de 955 euros, así como 150 euros por la asistencia a comisiones y plenos, pudiendo cobrar solo una dieta por día.

Actualmente, un diputado tiene un salario bruto mensual de unos 3.658 euros y con el nuevo sistema retributivo podría cobrar una media de 1.555 euros al mes.

Esa cantidad puede variar teniendo en cuenta que en el Parlamento hay tres meses inhábiles —enero, julio y agosto— y que algún mes se celebrarán más plenos o comisiones. Los parlamentarios también continuarán disponiendo de una cantidad para gastos de teléfono, que se reducirá de los 150 euros mensuales de ahora a un total de 100 euros.

Exposición de motivos

En la exposición de motivos que ha llevado a esta modificación, recogida por Europa Press, el Parlamento regional dice que la redacción que se propone del artículo 11 del Reglamento no supone una creación extraña o novedosa, al ser un sistema similar al utilizado en otras Comunidades Autónomas para sus cámaras legislativas, y sin olvidar al que durante muchas legislaturas ha funcionado en estas Cortes de Castilla-La Mancha.

Dice, igualmente, que en los últimos años se ha producido un "gravísimo" deterioro de las cuentas públicas regionales, a lo que se añade "el déficit presupuestario y la deuda pública acumulada" en los últimos años durante el anterior Gobierno socialista.

Tras el vuelco en el signo político de las pasadas elecciones de mayo de 2011, se ha producido un "obligado cambio de rumbo siendo la prioridad actual garantizar unos Servicios Sociales Básicos y hacerlo con la mayor eficiencia y eficacia".

"Aunque las Cortes de Castilla-La Mancha sean el parlamento autonómico más austero de entre los de todas las regiones pluriprovinciales, no se puede ser ajeno a la situación general de nuestra región, de los sacrificios que se están pidiendo a la sociedad y de los esfuerzos que se están desarrollando por parte de la Administración Regional", recoge el DOCM.

Por ello, el organismo que dirige Vicente Tirado defiende que la reforma que se plantea tiene, aparte de la contribución a la "necesaria y obligada" austeridad que está presidiendo la actual situación, la voluntad de ejemplaridad. "La de que los legítimos representantes del pueblo de la región son conscientes y participan del sacrificio colectivo".

Creen que la función representativa no puede entenderse como un mero 'modus vivendi', "alejado de la fundamental vocación de servicio, y apartada de la sociedad civil de la que surge", al tiempo que se defiende que la conexión de los representantes con la sociedad es, en este momento, "un valor a preservar y potenciar".

Por ello se concluye que la reforma que se plantea, que contempla "escrupuloso respeto al criterio de igualdad y equidad", facilita que la vinculación de los diputados sea a través de su imbricación directa con la sociedad a la que pertenecen y sus circunstancias.