La Consejería de la Presidencia ha querido agradecer este viernes el "esfuerzo" realizado alcaldes, concejales, diputados provinciales, representantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales y empresariales para presentar sus propuestas al anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio después de que se hayan mantenido cinco reuniones con la Mesa de Ordenación del Territorio.

La pretensión de la Consejería que dirige José Antonio de Santiago-Juárez ha sido elaborar este anteproyecto de ley "con la máxima participación" de la sociedad castellanoleonesa dada su "importancia capital" y "su potencialidad transformadora", en un triple sentido.

Así, por un lado, es una norma que regula la ordenación del territorio en Castilla y León, que pretende mejorar la cohesión territorial de la Comunidad e impulsar una mayor cercanía en la prestación de los servicios, así como garantizar el acceso de los ciudadanos a los mismos.

Para ello, el anteproyecto define las unidades básicas de la ordenación y servicios en el territorio, tanto en el ámbito rural como en el urbano, y que agruparán a municipios menores de 20.000 habitantes, con continuidad geográfica y con características socioeconómicas, naturales o culturales similares, y, en general, se atenderá en su delimitación al tamaño o densidad de población de las unidades básicas resultantes.

Por su parte, los municipios de más de 20.000 habitantes constituyen por sí mismos unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio urbanas, además de que se prevé la elaboración de un mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que contendrá tanto las unidades rurales como las urbanas siguiendo un procedimiento participativo en el que las diputaciones ejercerán un papel destacado, que se someterá a audiencia pública.

En segundo lugar, este anteproyecto está llamado a ser un hito importante en el camino de la "territorialización" de las políticas autonómicas ya que prevé que la Administración autonómica utilice las unidades básicas de ordenación y servicios como base territorial para la planificación, programación, gestión y prestación de sus servicios, cuando su ámbito funcional deba ser inferior a la provincia.

El anteproyecto prevé además mecanismos de colaboración y coordinación administrativa, y para ello se crea en cada provincia una comisión de coordinación de políticas públicas en el territorio en la que deberán participar representantes de los tres niveles administrativos, local, autonómico y estatal.

La tercera y última vertiente del anteproyecto es el que se refiere a la manera en la que puede abordarse la racionalización de la Administración local. En este aspecto el anteproyecto traduce normativamente el modelo que la Junta de Castilla y León ha pactado con el PP y el PSOE de Castilla y León, un modelo que reforma el papel de las diputaciones y que no se plantea la desaparición de ninguna entidad local, sino que se basa en la agrupación voluntaria de municipios en mancomunidades de interés general.

Asimismo, el anteproyecto incluye normas dirigidas específicamente a la mejora del gobierno local, y al logro de una administración local "más transparente, participativa y comprometida" con los valores éticos propios del Gobierno Abierto; así como determinadas previsiones en materia de personal y régimen económico-financiero de las mancomunidades de interés general, para garantizar su eficaz funcionamiento, sin que ello represente incrementos de coste respecto de los gastos actuales de los municipios. De este modo, la pertenencia de un municipio a una mancomunidad de interés general no podrá suponer mayores gastos respecto a la suma de los que el municipio efectuaba para la prestación de sus servicios con anterioridad y de sus aportaciones a la mancomunidad en que se integrara.