El presidente de Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, José Ramón Torralbo, ha asegurado que la planta entraría en pérdidas económicas si mantuviese la actividad a partir de enero, a causa de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

En declaraciones a Diario de Burgos recogidas por Europa Press, Torralbo ha señalado que "sin la aplicación de la fiscalidad contenida en el proyecto de ley Nuclenor no preveía pérdidas ni en este ejercicio, ni en los siguientes hasta 2019".

Esta ese horizonte, ha explicado que la empresa manejaba unas inversiones de 120 millones de euros para la renovación del permiso de funcionamiento y las mejoras derivadas de las pruebas de resistencia, a la vez que ha insistido en que no se había planificado un extra en el coste medio de dieciséis euros por cada megavatio producido, como el que contempla la nueva ley.

Asimismo, ha señalado que la empresa manejaba un nivel de pérdidas cercano a 24 millones de euros en julio de 2013, a causa del cese de explotación y como consecuencia de las amortizaciones y dotaciones extraordinarias, a las que ahora hay que sumar los efectos del cese anticipado.

Además, ha explicado que Nuclenor planteaba un lucro cesante de 950 millones de euros en el escenario de la operación hasta 2029 y de 385 millones de euros para 2019, de acuerdo al informe que la consultora NERA realizó en el periodo 2008/2009.

Por otro lado, ha asegurado que la nueva legislación planteada perjudica especialmente a la generación hidráulica y nuclear, "justamente los dos sistemas de generación que garantizan la seguridad de suministro, evitan las importaciones energéticas y las emisiones de CO2".

En cuando a las sucesivas enmiendas que el PP ha aplicado sobre el proyecto legislativo, ha señalado que han aumentado las "exigencias" a las nucleares, a la vez que ha asegurado que el proyecto de ley afecta a todas las centrales nucleares españolas, de forma directa o indirecta.

Finalmente, ha señalado que la voluntad de la empresa es mantener la actividad generando electricidad, aunque ha reconocido que esta postura es inviable con la legislación planteada, por lo que "no creo que pueda hablarse de chantaje en estas circunstancias".

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