El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha presentado este miércoles sus conclusiones sobre el tratamiento informativo dado por cinco televisiones al asesinato de una menor, víctima de un caso de violencia de género a manos de un hombre de 39 años, en El Salobral (Albacete) el pasado 20 de octubre, apuntando en este sentido a la sensación de que el abordaje de estos temas, principalmente por parte de las cadenas privadas, "ha retrocedido veinte años".

En rueda de prensa, la presidenta del CAA, Emelina Fernández, y la consejera Carmen Fernández Morillo han expuesto que los resultados del informe realizado por el organismo se remitirán a la Fiscalía y a la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Setsi), para dilucidar la posible existencia de hechos delictivos —en particular, si se ha vulnerado el derecho a la imagen, honor e intimidad de la víctima y de su familia— y para establecer la pertinencia de medidas correctoras ante conductas contrarias a la legislación vigente en televisiones de ámbito estatal.

Por otro lado, las conclusiones del informe también se han trasladado tanto al Observatorio Andaluz de Violencia de Género como a los grupos políticos del Congreso y el Parlamento andaluz, a los que se anima a abrir un debate para defender la ética periodística frente al sensacionalismo informativo y a establecer un marco legal y hacer defender la autorregulación.

"Las alarmas no pueden ser más contundentes", ha subrayado Fernández, en referencia al "preocupante" tratamiento de un caso de violencia de género en la que, además, la víctima era menor de edad. Así, el CAA ha observado cómo a la hora de abordar la información se aludía un concepto ya obsoleto de 'crímenes pasionales', "cuando estos casos no trascendía porque se consideraban del ámbito privado y familiar".

Para la presidenta del organismo, que ha establecido una clara diferencia en el tratamiento otorgado por las emisoras públicas estudiadas (Canal Sur y TVE), que considera riguroso, y las privadas (Telecinco, Antena 3 y Cuatro), es "demoledor" que, entre otros aspectos, se haya contribuido a "culpar a la víctima", así como que se haya acudido como principal fuente de información al entorno familiar del asesino y la víctima en vez de a expertos, "sin atender a las recomendaciones vigentes en toda Europa", con lo que se ha dado la impresión de que el autor de la muerte "fue la víctima porque quedó subyugado por una niña de 13 años".

"espectacularizar" un hecho "luctuoso"

Aunque ha recordado la posibilidad que tiene la familia de la menor de acudir a los tribunales, Fernández considera que "la sociedad debe actuar antes", habida cuenta de las pocas posibilidades de que el entorno de la fallecida pueda acabar llevando el caso a la Justicia. En fin, ha asegurado que no se puede "espectacularizar" un hecho "luctuoso".

Según ha explicado Fernández Morillo —que admitió haberse sentido "sobrecogida" por momentos—, se han analizado más de 67 horas de programación correspondiente a 25 informativos y 15 magacines emitidos entre el 20 y 24 de octubre, en los que se trató la noticia y la regulación jurídica que tienen las relaciones sentimentales y sexuales entre menores y adultos.

Así, y en base a la gran penetración social de las cadenas analizadas, se detecta la tendencia de determinados espacios de entretenimiento —magacines como 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, o 'Espejo Público', de Antena 3— a ofrecer contenidos informativos incidiendo en contenidos sensacionalistas, en los que "se explota impunemente el sufrimiento y dolor de personas que no buscan notoriedad". Una inercia "clara" ha sido analizar el entorno de la víctima y del asesino ofreciendo conclusiones infundadas sobre sus modos de vida y de su familia, contribuyendo a culpabilizar a la menor asesinada. El ente, en este sentido, afirma que algunas cadenas privadas se han convertido en "portavoces de la familia del asesino confeso y de sus interpretaciones sobre lo sucedido".

Destaca la diferencia en la forma y el fondo entre los operadores públicos y privados a la hora de abordar este suceso. En los contenidos analizados de Canal Sur TV y La 1, el tiempo dedicado al mismo es considerablemente inferior al concedido en los canales privados. En el periodo estudiado, Telecinco (33,5 por ciento) y Antena 3 (34,7 por ciento) fueron las que más espacio concedieron al crimen, seguidas de Cuatro (22,4 por ciento). La 1 le dedicó el 7,4 por ciento del tiempo de la programación analizada y Canal Sur TV el 0,7 por ciento.

Tratamiento contrario a las pautas recomendadas

Para el CAA, el tratamiento de los magacines de las televisiones privadas fue "totalmente contrario" a las pautas recomendadas para abordar la violencia de género, ya que, tal y como consideran que ha ocurrido con la publicación de determinadas informaciones, "en ningún caso pueden considerarse públicos y de interés general las incidencias sobre la vida privada de una víctima de violencia de género y, especialmente, de una menor de edad, menoscabando su fama o estimación".

Asimismo, el informe lamenta que tampoco se respetara el derecho a la intimidad, a la imagen y al honor de la menor asesinada por parte de los tres canales privados, "cuyos profesionales y presentadores ignoraron las previsiones que la ley establece para el tratamiento mediático no solo de la violencia de género, sino también de los sucesos en los que se ven implicados menores de edad, especialmente protegidos en nuestro ordenamiento jurídico". Uno de estos magacines difundió hasta 59 veces el rostro de la menor sin pixelar y mencionó hasta en 18 ocasiones su nombre y apellidos.

Ello "choca frontalmente con lo establecido en la ley, que preserva el derecho de los menores de edad a que ni su imagen ni su voz sean utilizadas en los medios audiovisuales sin su consentimiento o el de sus representantes legales". La Ley General de Comunicación Audiovisual también prohíbe la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan identificar a menores de edad en un contexto de hechos delictivos o que discutan su tutela o filiación, aunque el menor haya fallecido, como es el caso que ocupa. Estos límites no están amparados en la libertad de expresión ni en el derecho de información, recuerda el Consejo Audiovisual andaluz.

El uso de imágenes de archivo de personas que en su momento fueron menores de edad y se vieron implicadas en casos similares, el uso de recursos para mantener la "tensión informativa" —las imágenes de la madre de la víctima en un momento de extremo dolor— o la utilización de dramatizaciones criminales sin advertir que se estaba ante una reconstrucción ficticia son otras de las prácticas denostadas por el CAA.

Consulta aquí más noticias de Toledo.