La Fiscalía Provincial va a solicitar penas individuales de dos años y tres meses de prisión para el alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, y para su hermano acusados de ejecutar obras en agosto de 2005 para construir una piscina y una edificación anexa en una finca de su propiedad y en "suelo calificado como no urbanizable".

El escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, imputa al regidor del PP y a su hermano, Francisco Sánchez, la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia, ya que ambos continuaron con la obra pese a que "tenían conocimiento" de la existencia de una orden para paralizar de forma inmediata los trabajos.

Según recoge el Ministerio Público, Rodrigo Sánchez y su hermano, como propietarios de una finca no urbanizable localizada en la parcela 10 del polígono 47 del paraje rural de Los Llanos, procedieron en agosto de 2005 a realizar "movimientos de tierra" para construir una piscina y una edificación anexa a una vivienda.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía notificó a los acusados con fecha 16 de marzo de 2006 la apertura de un expediente sancionador y comunicó una orden de paralización "inmediata" de los trabajos de desmonte que estaban realizando en su propiedad.

El fiscal resalta que, "pese a tener conocimiento de dicha prohibición", de la que fueron informados en dos ocasiones más en septiembre y noviembre de ese mismo año para comunicar la propuesta de multa y su resolución definitiva, tanto el alcalde como su hermano "desatendieron los requerimientos de la autoridad y continuaron los trabajos".

El Ministerio Público interesa la imposición de penas de un año y medio de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 y 3 del Código Penal y de nueve meses de prisión por delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556. Solicita, además, el pago de sendas multas de 16 euros a razón de 12 euros al día e inhabilitación especial para empleo u oficio relacionado con la construcción por periodo de dos años.

Nuevas diligencias por presunta prevaricación

El escrito de acusación ordena, asimismo, que, como prueba anticipada a practicar por el Juzgado de Instrucción único de Purchena antes de remitir el procedimiento al Juzgado de lo Penal, se libre oficio al secretario del Ayuntamiento de Fines "para que certifique si se le concedió o no" a las obras la licencia de obras en respuesta a la solicitud que se presentó el 18 de agosto de 2005, fecha en la que ya era regidor Sánchez.

Resuelve, en esta línea el fiscal que, en caso de que le fuese concedida la licencia, el juzgado "debe proceder" a la incoación de unas nuevas diligencias previas ante una presunta prevaricación urbanística para determinar "quien informó y voto favorablemente" en ese acto administrativo de la corporación local.

La Fiscalía Provincial interpuso en los meses de agosto y octubre de este año sendas denuncias contra Sánchez. En concreto, la primera se formuló a raíz de una denuncia del PSOE ante un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias por la construcción de una plaza en un espacio calificado para una zona verde y otra de equipamientos y utilizada presuntamente por un restaurante colindante.

La segunda denuncia se presentó al considerar el Ministerio Público que existían "indicios suficientes" de que el alcalde pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda a un precio "sobrevalorado" a una mercantil de la que es "administrador su hermano".