Por su parte, el caso de Marbella, con más de 30.000 viviendas ilegales aprobadas por los diversos gobiernos del GIL, según calcula la Junta, es bien diferente. El presidente de la gestora, Diego Martín Reyes (PSOE), aclaró ayer que no está planteada «ninguna demolición». Martín Reyes consideró que sobre los derribos no hay que hacer «apuestas concretas». «Si en algún momento se realiza alguna, será por orden judicial» y porque se da ante una «situación irremediable».

Este órgano ha mostrado en varias ocasiones su intención de proponer a las constructoras la compensación de las irregularidades con sanciones económicas o a través de la edificación de infraestructuras. Para paliar, por ejemplo, un exceso de edificabilidad o la falta de conexiones a la vía principal.

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Cárcel para 5 ex ediles del GIL

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ordenó ayer el ingreso en prisión de cinco ex ediles del GIL en Marbella por un delito urbanístico cometido en 1999, tras autorizar una licencia de obras para la construcción de 150 viviendas en una zona verde (promovida por Proinsa). La sentencia condena a un año de prisión a Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe –hermano de Marisol Yagüe–, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo. También les cae la misma pena a Julián Muñoz y al concejal Rafael González, ambos en prisión preventiva por el caso Malaya.