La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este jueves las inversiones que el Ejecutivo central está destinando a Andalucía en materia de políticas activas de empleo, un aspecto en el que, en su opinión, la Administración central "está dando el do de pecho" y aplicando a la comunidad "un trato especial", ya que "le ha ingresado íntegramente la partida que le corresponde del montante total de dinero que se destina en toda a España a esa materia", y "ha mantenido y revalorizado el Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea)".

Así, en una rueda de prensa celebrada en Sevilla, Crespo ha subrayado que Andalucía es la comunidad autónoma, a la que, "por porcentaje, le corresponde más dinero" del total que reparte el Gobierno entre comunidades autónomas en concepto de políticas activas de empleo, lo que le ha servido, según ha añadido, para ingresar un total de 298 millones en ese concepto, lo que equivale al "22,63 por ciento del montante distribuido".

Además, ha recordado que Andalucía es destinataria también, como Extremadura, de un plan especial de empleo, el Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea), que este año, según ha aseverado, el Gobierno de Rajoy "no sólo ha mantenido con muchas dificultades económicas, sino que ha revalorizado con un cuatro por ciento", lo que ha servido para que la comunidad haya recibido "147,7 millones de euros" este año en virtud del mismo.

La suma total de ambas cantidades, ha remarcado, se sitúan muy por encima de las cifras que Canarias y Extremadura han recibido —"diez y cuatro millones de euros", respectivamente— gracias a planes extraordinarios de empleo como el que reclama la Junta para la comunidad.

No obstante, Crespo ha justificado la ausencia de un plan de esas características para Andalucía por la "insuficiente justificación" que, según ha señalado, ha llevado a cabo el Ejecutivo regional de la utilización de los fondos adicionales de empleo recibidos en el marco del Plan Bahía de Cádiz en los años 2009 y 2010.

En ese sentido, ha señalado que la documentación aportada por la Junta no cumple con los criterios "establecidos al respecto por el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero", lo que ha llevado al Gobierno actual, según ha defendido, a "dar distintos plazos, con muy buena voluntad, a la Junta para que justifique ese plan", ya que, de lo contrario, la Administración regional "tendría que devolver 25 millones de euros".

"El Gobierno quiere colaborar con la Junta, pero hay unos criterios establecidos por el Ejecutivo anterior que hay que cumplir, porque así está el convenio y estamos obligados a cumplir la ley", ha insistido Crespo en esa línea, quien ha recordado que "el tercer plazo" establecido por el Ejecutivo para que el Gobierno de Griñán justifique el uso de dicho plan "concluye este próximo día 15".