La excúpula de BFA-Bankia liderada por Rodrigo Rato obvió su propio reglamento interno al nombrar un comité de auditoría sin experiencia ni conocimientos contables acreditados. Este comité era el encargado de supervisar el control interno y la gestión de riesgos, así como el contacto con la auditora externa, con la cual debían analizar las posibles debilidades de la compañía.

Tal como explicitaba la norma interna de la entidad, incluída en las actas del consejo de administración de BFA a las que ha tenido acceso este diario, los consejeros designados para el comité de auditoría de Banco Financiero y de Ahorros -matriz de Bankia- debían poseer "conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos". Si el control interno de una entidad financiera es una materia compleja y altamente especializada, más aún en el caso de un banco resultante de la fusión de siete cajas distintas.

La integración de las entidades que formaron el Banco Financiero y de Ahorro (Caja Madrid, Bancaja, Laietana, Ávila, Segovia, Rioja y Canarias) era percibida por el regulador como un proceso complejo en el que los auditores debían jugar "un papel muy relevante". El propio Banco de España, en un documento leído por el consejo de BFA-Bankia el 24 de enero de 2011, incidía en buscar "la mayor profundidad en la función de auditoría y una mayor exigencia a los órganos de gobierno en su función de control de la gestión de la dirección".

De los seis exconsejeros designados para el comité de auditoría de BFA-Bankia entre diciembre de 2010 y junio de 2012 (Juan Llopart, Pedro Bedia, Mercedes Rojo, José Rafael García-Fuster, Remigio Pellicer y Ángel Acebes) apenas tres de ellos, Llopart -Licenciado en Derecho y Económicas- y García-Fuster y Acebes -licenciados en Derecho- poseen titulaciones relacionadas siquiera con el puesto. Bedia es licenciado en Periodismo y fue designado consejero a instancia de Comisiones Obreras. Pellicer, por su parte, es empresario del sector del mueble sin estudios superiores, mientras que Mercedes Rojo, exasesora de la Comunidad de Madrid, no ha finalizado la licenciatura en Farmacia.

Tal como demuestran las actas, Juan Llopart dejó de asistir a las reuniones del consejo de administración a partir de junio de 2011. Por su parte, Acebes se incorporó como presidente del comité de auditoría el 27 de julio de 2011, puesto del que dimitió apenas nueve meses después (el pasado 24 de abril), tras haber aprobado las cuentas de la entidad en 2011 -sin el preceptivo informe de Deloitte, y que posteriormente serían reformuladas- y apenas un mes antes de que estallara el escándalo. El exministro dejó el puesto para formar parte del comité de auditoría de Iberdrola, en el que actualmente permanece.

Durante las comparecencias en sede judicial del pasado mes de noviembre, al menos tres de los consejeros (Mercedes Rojo, Remigio Pellicer y Pedro Bedia) reconocieron ante el juez que lleva el caso, Fernando Andreu, no tener suficientes conocimientos financieros. Tanto es así, que Rojo y Pellicer declararon haber manifestado entonces a los responsables del grupo sus reticencias para ocupar dicho cargo, si bien tal extremo no consta en las actas de la entidad. "La dirección me convenció porque iba a estar rodeada de gente que sabía y había que repartirse las comisiones", declaró en la Audiencia Nacional. Sea verdad o no, lo cierto es que todos los miembros de este comité aprobaron repetidamente las cuentas y los informes presentados por Deloitte a lo largo de 2010, 2011 y el primer trimestre de 2012.

"Ha sido complejo y difícil", destacaba en julio de 2011 el exdiputado valenciano García-Fuster tras la salida a Bolsa de Bankia. Por su parte, Pedro Bedia, tras conocer el quebranto patrimonial del banco, manifestó su "total falta de información". Y es que los exconsejeros ahora imputados por diversos delitos societarios reconocían en sus reuniones -y así lo han ratificado ante el juez- que simplemente confiaban en los informes que les entregaban tanto el equipo directivo como la auditora.

En la reunión del consejo de administración de BFA del 9 de mayo, ya con Goirigolzarri como presidente y máximo ejecutivo, los ahora imputados aprueban por unanimidad la entrada en el accionariado por parte del FROB, si bien consejeros como Ángel Villanueva y Jorge Gómez solicitan, respectivamente, "que se respete la cuota de las cajas" y "que se asegure la participación de las cajas en el proyecto". Nada más lejos de la realidad posterior, ya que tras la evaluación encargada al banco estadounidense Goldman Sachs, la valoración de la participación de las siete cajas en BFA-Bankia sería nula.

La mencionada valoración fue comunicada al consejo de BFA el 27 de junio, en una reunión que resultaría en la dimisión en bloque del equipo de gobierno de la 'era Rato'. Tras conocer, de mano del FROB, que habían perdido el control del banco, los consejeros mostraron mayoritariamente su sorpresa. Así, el exconsejero y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jorge Gómez, aseguraba que de haber podido votar la valoración impuesta por el FROB, su voto "habría sido negativo". Otros altos cargos, como Ricardo Romero de Tejada y Mercedes Rojo, exigían conocer al detalle "la información desagregada de la valoración de cada uno de los activos y pasivos de BFA", tal como reflejan las actas oficiales de la entidad.

En su defensa por la querella presentada inicialmente por Unión Progreso y Democracia (UPyD), todos los consejeros han insistido en culpar a la auditora Deloitte de haber ocultado el agujero patrimonial de BFA. Esta sorpresa esgrimida en los juzgados de la Audiencia Nacional coincide con la reflejada en las actas: "Desde la dirección del banco se trasladó una imagen totalmente diferente sobre la situación del mismo", manifiesta la exconsejera Mercedes de la Merced instantes antes de presentar su dimisión.