La Asamblea de Orientadores Públicos de Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por la situación de "desamparo" en la que quedarán los desempleados de la región sin personal especializado que les asesore en su búsqueda de trabajo e iniciación de proyectos laborales, después de que el Gobierno regional pretenda suprimir las 88 plazas de orientadores laborales que quedaban en la región.

En un comunicado, estos profesionales han mostrado su "indignación" tras la Mesa Sectorial de Personal, en la que, a su modo de ver, quedó de manifiesto que el Gobierno regional no tiene un modelo de Orientación Laboral para el futuro o el que tiene es "tan nefasto para los intereses de los desempleados que no se atreve a explicitarlo".

Este colectivo ha condenado el "desconocimiento, despreocupación, falta de respeto y valoración" que el Gobierno de Castilla-La Mancha muestra en relación al "importante" trabajo que estos técnicos realizan, "en contra de los argumentos de que no hay dinero para personal que atienda a los desempleados y sí y mucho para personal directivo de la Junta".

A la supresión de este colectivo, se une la desaparición de los Planes Locales de Empleo, de Conciliación de la vida laboral y familiar, de las ayudas económicas, de educación y formación, medidas con las que el Gobierno regional "pretende desregular un lacerado mercado laboral regional y dejarlo en manos de la especulación privada", condenan los orientadores.

"Además del ejercicio de marketing y cinismo que supone intentar vender a los ciudadanos un nuevo modelo de gestión público-privada como estrategia vanguardista y pionera, es paradójico además que las oficinas de empleo pretendan ser oficinas de emprendimiento en un futuro, como así dijo el Gobierno de Cospedal y prescinda del personal experto en el tema", han defendido.

De igual modo, consideran "contradictorio" que la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, prefiera que estas funciones las realicen empresas privadas y "culpabilice a estos profesionales de la ineficacia del servicio, cuando el funcionamiento del mismo depende de la misma Consejería".

"Es demasiado hipócrita pensar que la culpa de la ineficacia del actual sistema la tienen los técnicos asesores de empleo, cuando ellos lo único a lo que se han limitado es hacer lo mejor posible su trabajo en un escenario de falta de iniciativa y dejadez total por parte del presente Gobierno, amén de los óptimos resultados de las encuestas realizadas", han lamentado.

Por todo ello, este colectivo ha reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que no privatice el servicio y que éste se continúe haciendo de un modo público, al igual que van a hacer otras Comunidades como la Valenciana, Navarra y Extremadura, teniendo en cuenta además, que la presencia de estas agencias privadas de colocación no existe en zonas rurales, que priorizarán unos colectivos y desatenderán otros y que será un servicio más costoso para los ciudadanos.

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