Jueces, fiscales y abogados y funcionarios de la Administración de Justicia en Cantabria llevarán a cabo este miércoles, 12 de diciembre, un paro parcial de una hora y una nueva concentración en el Complejo Judicial de Las Salesas en Santander contra las últimas reformas legislativas instadas por el Ministerio de Justicia.

Además de la denominada ley de tasas, los miembros de la Administración de Justicia expresarán su rechazo a dos proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aún no se han aprobado en el Parlamento y todavía están en trámite y que afectan al Estatuto de Jueces, Magistrados y Fiscales y al Consejo General del Poder Judicial que, según han explicado los organizadores de la concentración, han sido el "desencadenante inicial y principal" de las protestas.

El paro de jueces y fiscales será desde las 12.00 horas, coincidiendo con el inicio de la concentración en el patio interior de Las Salesas, hasta las 13.00.

Como ya ocurrió con la concentración celebrada el pasado 23 de noviembre, la del miércoles contará nuevamente con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, cuya Junta se desplazará en pleno hasta el complejo de Las Salesas, y, además, esta vez también tendrá el respaldo de "todos" los Sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia.

Según ha explicado en un comunicado, el portavoz en Cantabria de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jaime Anta, uno de los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial viene a introducir un "fuerte recorte" en el número de jueces y fiscales que ven los asuntos ya que —dice— "en la práctica, elimina la posibilidad de que se acuda a los jueces y fiscales sustitutos o a los magistrados suplentes para cubrir el servicio ante enfermedades, licencias o vacaciones".

Ha denunciado que "bajo el simulado fin de "profesionalizar la justicia" el Ministerio pretende que el servicio pueda quedar cubierto "merced al sobreesfuerzo de los titulares", algo que, a su juicio, es "absolutamente imposible que se consiga dar un mínimo de calidad" y ha advertido que "el colapso está garantizado".

Ha añadido que la otra reforma que se plantea "no tiene la más remota conexión con la crisis" sino que busca "amordazar" a los órganos de gobierno del Poder Judicial y, en particular, al CGPJ que, a su juicio, "quedaría convertido en una suerte de negociado del Ministerio de Justicia".

Ha considerado que se trata de "un incumplimiento flagrante" del programa electoral del Partido Popular y de la "tan cacareada despolitización de la Justicia" de la que habla el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, además de un "fraude a la Constitución".