La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado, en relación a la reforma educativa, que, con independencia de los modelos de las administraciones públicas, hay unos derechos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución y por las sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional y que "ningún poder público en España puede considerarse ajeno a la doctrina que citan los tribunales".

"Al final hay una cosa que es la libertad de enseñanza y el derecho a la educación y también, por tanto, el derecho de los padres a elegir la educación que reciben sus hijos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, ha pedido a todos los grupos políticos que se centren lo importante de esta reforma. "Si nos centramos todos en que lo importante es la persona y no lo que diga tal parlamento y tal partido político, a lo mejor podremos sacar adelante uno de los temas clave de este país y es que no podemos estar con más del 50 por ciento de desempleo juvenil", ha remarcado.

En este sentido, ha insistido en que la educación es un derecho de las personas que tienen que suministrar los poderes públicos a los ciudadanos en el ejercicio de su libertad.

En relación a la petición de dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, por parte del líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, por considerar que la reforma es el mayor ataque al catalán desde que murió Franco, ha recalcado que le compete al ministro, como miembro del Gobierno, la iniciativa legislativa en proyectos de Ley y que cada grupo parlamentario podrá hacer sus alegaciones en el trámite correspondiente.

"Ya que estamos el día siguiente de la constitución, tendríamos que valorar mucho más la democracia y no sacar constantemente a relucir años de dictadura que muchos españoles lucharon por superar", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que el sistema educativo no puede mantenerse como está. "Yo les pido a todos los grupos políticos que nos fijemos en un objetivo básico, que son los ciudadanos. Algunos pueden ver las leyes educativas como determinados mecanismos para ciertas actuaciones políticas, pero al final la ley de educación es una ley para los alumnos y para los padres, que son los que se preocupan, amen de la comunidad educativo, los profesores", ha señalado.

Para acabar con los 'NI-NI'

Igualmente, ha advertido de que gran parte de la sociedad "se lleva las manos a la cabeza" cuando se habla del fenómeno de los 'ni-ni' y que precisamente parte de ellos lo son porque no han acabado su formación. "Centrémonos en eso", ha insistido.

En todo caso, ha precisado que la reforma no minusvalora ninguna lengua cooficial al tiempo que ha explicado que éstas no se pueden considerar como asignaturas troncales. "Por eso no es troncal, porque no podemos examinar de las cinco lenguas (cooficiales) a todos los niños españoles. Creo que, salvo casos excepcionales, no aprobaría ninguno", ha dicho, al tiempo en que ha insistido en que tampoco se reduce la carga horaria de éstas.

Asimismo, ha señalado que en el caso del modelo de inmersión lingüística, se respetan los términos que ha señalado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional porque "el legislador, y en este caso el nacional, está obligado a respetar, la doctrina de los tribunales de justicia".

"Para ello lo que se utiliza es el criterio de proporción razonable, es decir, que haya un tratamiento diferente de manera razonable, sin que en ningún caso pueda suponer la exclusión de ninguna de las lenguas", ha añadido para concluir que hay margen para incorporar aportaciones tanto en Conferencia Sectorial como en el trámite parlamentario.