La coalición PSM-Entesa ha censurado hoy "la obsesión ideológica" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, porque la nueva ley educativa "relega totalmente la lengua catalana" y no "resuelve los problemas reales de la educación".

El portavoz parlamentario de la coalición, ha instado el Gobierno a presentar "todos los recursos que correspondan" e incluso ha hecho un llamamiento a la insumisión "" ante la nueva ley, si finalmente se aprueba en los términos en los que se ha anunciado.

"Ahora ya nos damos cuenta todos qué es el que pretende el señor Wert cuando habla de hispanizar los alumnos catalanes y, por extensión, de las Baleares y del País Valenciano", ha señalado Barceló quien ha subrayado que la reforma educativa propuesta por el ministro "establece que el catalán no será materia troncal y obliga las CCAA a pagar la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano al margen del modelo educativo público".

El portavoz de la coalición nacionalista ha destacado que este anteproyecto de ley "echa atrás toda la historia de normalización lingüística que se ha llevado a cabo en las Islas Baleares, con el consenso de toda la comunidad educativa, en los últimos 25 o 30 años", lo cual se nace con el objetivo claro de relegar "totalmente nuestra lengua y cultura hasta extremos sólo comparables a tiempo previos a la restauración de la democracia".

Por último, Barceló ha afirmado que Wert "está más preocupado por potenciar la religión, dar preponderancia al castellano sobre las otras lenguas oficiales y destinar recursos al sector privado que por mejorar realmente el sistema educativo", y ha lamentado que esté ocurriendo "justamente en un momento en qué las administraciones públicas no tienen recursos por afrontar los verdaderos problemas de la educación, como por ejemplo el fracaso escolar".

Barceló propone una respuesta contundente

Por otra parte, el portavoz del PSM-Entesa ha propuesto articular una respuesta "contundente" desde los partidos políticos, sindicatos, entidades y la comunidad educativa de las Islas Baleares, con tal de "trasladar al Gobierno español un mensaje claro de oposición a este anteproyecto de ley desde la sociedad civil organizada de nuestro país".