La Conferencia Sectorial de educación de la que forman parte todos las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha reunido esta tarde para analizar la última propuesta de texto de reforma educativa elaborada por el gabinete del ministro José Ignacio Wert, un texto que, advierte CCOO, en el que "se sigue manteniendo un modelo segregador que perjudicará al alumnado de entornos sociales más desfavorecidos"

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, el nuevo texto incluye algunos cambios en algunas cuestiones que pueden ser adecuadas, sin embargo, mantiene como eje el objetivo central del ministerio, "el que más dañará a la ciudadanía", la segregación del alumnado según sus rendimientos a los 13 años dirigiéndolo hacia la FP o hacia el bachillerato.

Para Blanco, se indica en nota de prensa, este nuevo modelo impedirá de hecho el éxito escolar y la formación a parte de la ciudadanía, especialmente a la población con menor renta económica, una cuestión que hará enorme daño a la población andaluza, especialmente en nuestros barrios y zonas rurales. Indica el responsable sindical que, "la educación tiene un carácter compensador de desigualdades que esta reforma educativa, más allá de potenciar, perjudicará.

Blanco censura que la Educación Primaria siga en el borrador de texto "organizada por áreas y no por ciclos y que, además, el alumnado deba permanentemente superar pruebas externas a lo largo de su vida estudiantil, obviándose el trabajo y la propia evaluación que ha hecho el docente de su propio alumnado". Sin embargo, para CCOO, lo más grave es que "no todo el alumnado obtendrá la misma titulación en Secundaria, pues habrá títulos de primera y de segunda categoría. Ya sea para seguir estudiando en bachillerato o iniciar estudios de FP. Cuando sólo se tienen 13 años, condicionar la vida futura de una persona es segregador, y esta cuestión afectará en breve a la ciudadanía andaluza, ya que este alumnado puede quedar condicionado para el resto de su vida por el contexto en el que vive".

Desde el sindicato se apunta que "es cierto que en algunas cuestiones se ha avanzado en el nuevo texto, aspectos tales como el alumnado que realice la FP Básica podrá finalmente titular en Secundaria, aunque requerirá realizar una pruebas externas que dificultarán este hecho, que el alumnado que realice estudios profesionales de danza o música puedan titular en Bachillerato si realiza las asignaturas troncales del bachiller o incluso se abre la posibilidad de que los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores puedan adscribirse mediante convenio a las universidades, entre otras".

Pero el cambio en estas cuestiones, se indica desde CCOO, "sólo quieren ocultar el verdadero objetivo de esta ley, segregar al alumnado y llenar de obstáculos con pruebas externas a los escolares, incluso haciéndose públicos los resultados, generándose centros escolares de primera y segunda categoría".

Asimismo, Blanco insiste en que siguen existiendo además otras cuestiones "graves" que dañarán la escuela andaluza, tal es el caso del "papel ejecutor que se le asigna a la dirección de los centros, restándole papel decisorio en su elección a la comunidad educativa a través de los Consejos Escolares o que sea la propia dirección, por encima de los Claustros, la que determine la adaptación de los medios materiales y humanos en los centros". Para el dirigente sindical, la posibilidad de contratación de profesorado experto bilingüe sin seguir el procedimiento ordinario, una cuestión resuelta en Andalucía o dar cobertura legal a los centros que segregan por sexos, "son medidas igualmente desacertadas que dañarán la calidad de la educación".

Según CCOO, la propuesta del Ministerio de incluir una asignatura alternativa a la religión tal como contempla el borrador de la ley "no es posible ya que existe sentencia del Tribunal Constitucional que impide que el alumnado reciba o no unos contenidos escolares extras si no opta por la asignatura de religión, una medida segregadora más de las múltiples que contempla esta norma."

"Sin duda alguna, finaliza Blanco, esta nueva ley que se pretende imponer va a dañar en gran medida la educación andaluza y provocará un mayor índice de fracaso escolar en un momento en el que además, por imposición del Gobierno de España, se están reduciendo drásticamente los recursos humanos destinados a los servicios públicos, entre ellos a la educación. Está claro que lo que se desea es dañar el modelo social que hemos alcanzado en las últimas décadas dirigiéndonos a una sociedad basada en principios mercantilistas que en nada tienen que ver con la educación de nuestros hijos".