El PP de Córdoba ha lamentado este lunes "la falta de apuesta" del gobierno de la Junta de Andalucía por las políticas de discapacidad. Así lo ha manifestado la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, y la coordinadora de Servicios Sociales, Dolores Sánchez, que se han reunido con la Comisión de Política Social para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

A través de un comunicado, Obrero ha criticado el "abandono" de la administración andaluza de las políticas sociales para este colectivo, que representa en Andalucía el 9,58 por ciento de la población, 725.400 personas con discapacidad, y que ven como la Junta "recorta su presupuesto, no paga los compromisos que tenía adquiridos y sigue utilizando a este colectivo como bandera de una política social inexistente".

"Los presupuestos de la Junta para el año 2013 —ha asegurado— reflejan una tendencia a hacer desaparecer las políticas encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad". Además, las transferencias a las corporaciones locales para políticas de discapacidad sufren, según Obrero, "un recorte del 51 por ciento, al mismo tiempo que las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro dentro del programa de servicios sociales tienen un recorte del 50,53 por ciento, mientras que en el programa de ayudas públicas de carácter social el recorte asciende al 50,51 por ciento".

"Los continuos impagos y los retrasos en el pago a organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad en Córdoba y Andalucía están poniendo en peligro toda la red de centros asistenciales existentes y miles de puestos de trabajo, dejando en total desamparo a este colectivo y a sus familias", según ha dicho Obrero.

En la provincia de Córdoba, según la dirigente popular, la Junta de Andalucía "lleva más de tres meses de retraso en el pago a las residencias de mayores y unidades de estancia diurna; actualmente debe septiembre, octubre y noviembre". "Solo en la provincia de Córdoba, la Junta debe más de cuatro millones de euros a 40 centros de discapacitados, lo que pone en peligro el trabajo de 800 personas que atienen de más de 2.500 usuarios", ha añadido.

A juicio de Obrero, "jamás se había llegado en Andalucía a una situación similar, denunciada por representantes de residencias de mayores, de unidades de estancia diurna, de asociaciones de discapacitados o incluso de centros especiales de empleo que con preocupación y desaliento ven cómo se está resquebrajando el sistema del bienestar, por inanición y por los impagos reiterados de los servicios asistenciales que prestan por parte de la Junta de Andalucía".

Esta situación, según la dirigente del PP, "también está dejando fuera del mercado laboral a las personas con discapacidad y las políticas de empleo de la Junta de Andalucía no están poniendo freno a la sangría de paro entre este colectivo". El Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad 2007-2013, ha agregado, "está resultando un auténtico fracaso, porque sigue incrementando los datos de paro y la Junta no vela por los centros especiales de empleo, que trabajan realmente por la integración laboral de este colectivo, y a los que aún se les sigue adeudando".

Por su parte, la coordinadora de Servicios Sociales del PP de Córdoba, Dolores Sánchez, ha criticado que la Junta de Andalucía "recorta diez veces más que el Gobierno de Mariano Rajoy en políticas sociales. La demagogia socialista se diluye con la comparación de los datos presupuestarios, que demuestran que la Junta recorta 91 millones de euros en los programas de bienestar social por los 8,5 millones de euros que reduce el ejecutivo del PP".

A diferencia del Gobierno de Rajoy, "que priorizó el gasto social en los PGE para 2013, el gasto social no es prioritario para el Gobierno andaluz sino que, por el contrario, lo reduce mientras aumenta el gasto político y el que da rédito electoral a PSOE e IU".

Asimismo, la coordinadora popular ha mostrado todo su apoyo a las personas con discapacidad y a la defensa de sus derechos y ha criticado que a nivel nacional "se han venido produciendo impagos del anterior Gobierno socialista de Rubalcaba y Zapatero, desde los años 2008, 2009, 2010 y 2011. El Gobierno de Rajoy ha tenido que hacer frente a la herencia que dejó el anterior Gobierno del PSOE, que despilfarró el dinero público sin atender a los más vulnerables, a los que utilizó para hacer política al mismo tiempo que no pagaba sus compromisos".