Los ciudadanos al borde de un desahucio han encontrado en muchos alcaldes de toda a España aliados a la hora de afrontar esta dramática situación y una tabla de salvación gracias a su disposición a brindarles asesoramiento y hasta frenar actuaciones de la policía local.

Con las puertas cerradas de los bancos y la imposibilidad de acceder a los grandes centros de decisión política, muchos afectados han decidido acudir a la administración más cercana: su ayuntamiento.

Y los regidores han sido los primeros en remangarse y buscar soluciones efectivas en el día a día para ayudar y evitar desalojos con medidas bendecidas desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los gobiernos locales "no son insensibles ante los dramas personales y familiares que padecen aquellos ciudadanos que se ven afectados por un desahucio" y, por ello, están actuando para paliar este problema y las "situaciones de emergencia social", ha llegado a declarar el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

¿Cómo pueden ayudar los ayuntamientos a los afectados? Desde la presión a los bancos con retirar sus saldos y la mediación con las entidades hasta acuerdos para poner a disposición viviendas en régimen de alquiler y asesoría jurídica y financiera.

El consistorio de Santa Cruz de Tenerife retiró 1,5 millones de euros de Bankia por el desahucio de una madre y dos hijos; en Zaragoza y Medina del Campo (Valladolid) se ha dado la orden a la policía local de no intervenir y en Vigo se incluirá este supuesto como causa de nulidad de contratos con los bancos. Estos son algunos ejemplos de la cruzada emprendida por los alcaldes.

"El Ayuntamiento de Peligros contra los desahucios"; este es el cartel de bienvenida de este municipio granadino en el que el alcalde, Roberto García (IU), va a las sucursales de los bancos para intentar solucionar los problemas de vecinos y participa en protestas cuando van a desahuciar a una familia.

El regidor confiesa que se le "parte el alma" al ver la situación de alguna de estas familias y que, por eso, están "ahí intentando echar una mano". Hasta el momento, ya han atendido a unas cincuenta familias.

El alcalde ha dado la orden de que la Policía Local no intervenga en desalojos y ha conseguido ya dos daciones en pago, varias ampliaciones de hipotecas y alquileres sociales negociando con los bancos.

El Ayuntamiento de Peligros ha puesto a disposición de los vecinos un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, y además el propio alcalde, un concejal o un consejero acompañan al afectado a las propias oficinas bancarias para intentar buscar una solución.

Esta sensibilidad municipal hacia esta situación se extiende por toda España. En Logroño han creado una comisión especial y llevan ya seis meses ofreciendo un servicio de asesoramiento y mediación.

Según relata la alcaldesa de la capital de La Rioja, Cuca Gamarra (PP), han querido dar un paso más allá y han habilitado una línea de ayudas económicas con la que personas que han vivido un desalojo puedan pagar hasta un 80 por ciento del alquiler.

"Lo que está encontrando el servicio de asesoramiento es el desamparo que lleva esta situación a la gente y no sabe qué hacer. A partir de ahí, se les acompaña y asesora, al final hablamos de un trato muy personalizado y de alguna manera se sienten respaldados a la hora de afrontar ciertas decisiones", subraya la alcaldesa.

Algunos ayuntamientos además intentan prevenir y que no se produzca este drama para las familias, como es el caso de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

La alcaldesa, Pilar Díaz, señala que se han reunido con las entidades bancarias y han puesto al servicio de los vecinos un asesor para que les aconseje y les acompañe a las oficinas para afrontar los problemas en el pago de sus hipotecas y "traducir" el lenguaje bancario.

"No es nuestra competencia, pero pensamos que era obligatorio hacerlo", afirma la regidora, que insiste en que hay que empezar a trabajar desde los primeros meses para no llegar a la situación extrema.

A su juicio, la sociedad civil ha dado una lección a las instituciones con este tema y llama a todos a poner su "granito de arena" para paliar el problema.

También en Cataluña, Tarragona y Altafulla (Tarragona) han decidido en los últimos días que retirarán el dinero de las entidades bancarias que lleven a cabo desahucios a vecinos de su ciudad por impago, según fuentes de ambos municipios.

El pleno de Altafulla aprobó el pasado sábado una moción que declaró al municipio libre de desahucios, y en el caso de Tarragona está pendiente de aprobación todavía una medida similar.

El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, hizo una huelga de hambre  y solo la abandonó tras alcanzar "un principio de acuerdo" para que se abrieran las viviendas de 200 vecinos en la céntrica Plaza de España.

Las viviendas habían sido desalojadas para ser reformadas hace dos años, motivo por el cual se reubicó a los vecinos, y debían haber sido reocupadas a finales del año pasado. Sin embargo, la falta de acuerdo entre Bankia y las empresas constructoras paralizó el proceso, y los dueños no han podido todavía volver a sus hogares.

Setién había afirmado que el motivo de su huelga de hambre viene de encontrarse "con una situación de empantanamiento de las negociaciones entre Bankia, las empresas constructoras y otros acreedores", con lo que "se agotaba el tiempo" y ponía en riesgo "demorar la entrada de los vecinos en sus viviendas".