El secretario federal de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha propuesto la derogación de la Ley de Grandes Ciudades como medida de ahorro en gastos de personal, ya que "es la que abre la mano al crecimiento desmesurado al personal eventual, al personal de confianza y altos cargos".

Según ha recordado Zarrías, esta Ley de Grandes Ciudades "nace durante el Gobierno de Aznar para dar gusto al entonces alcalde de Madrid", y según ha dicho, "no ha resuelto ningún problema de las grandes ciudades y ha generado un gasto importante".

"Revocando la Ley de Grandes Ciudades, que es la que abre la mano al crecimiento desmesurado al personal eventual, al personal de confianza y altos cargos, ahorraremos más que con cualquier otro movimiento", ha defendido Zarrías frente al planteamiento que existe de reducir concejales para ahorrar gastos del capítulo de personal.

Gaspar Zarrías se ha pronunciado de esta forma en una rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida (Badajoz) acompañado del secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

No buscar a los pequeños ayuntamientos

En su intervención, Zarrías ha aseverado que si "se está hablando de que hay un capítulo 1 que en algún ayuntamiento está sobredimensionado, que no se vaya a buscar a los pequeños ayuntamientos" porque "no lo van a encontrar", ya que esos concejales "son un batallón de voluntarios, de cualquier partido, al servicio de la gente de sus pueblos".

Por tanto "si hay que ahorrar" en gastos de personal, "empecemos derogando esa ley" de Grandes Ciudades, ha considerado Zarrías, quien ha reiterado que "no ha resuelto ningún problema, y sí ha creado una capacidad expansiva en lo que se refiere a altos cargos, personal eventual y personal de confianza", ha señalado.

"Si queremos aliviar las cuentas rebajando el número de concejales, hay que dejar que de los 68.000 concejales que hay en nuestro país, aproximadamente más de 60.000 no cobran un sólo euro".

Reforma de la ley electoral

Gaspar Zarrías ha señalado que ante la reforma la Ley de Bases de Régimen Local, los socialistas están "abiertos a la negociación, y por lo tanto al acuerdo", ya que según ha dicho, una ley de estas características, que afecta a 8.116 ayuntamientos en España "necesita del acuerdo de todos", con el objetivo de que sea "una reforma profunda, que no se quede en un mero parche".

Así, "no podemos permitidos el lujo de que sea una 'ley desahucios II', por así decirlo", sino que en opinión de Zarrías, debe ser una reforma "que tenga vocación de permanencia" tanto en momentos de dificultad económica como en momentos de bonanza.

Ante esta situación, Gaspar Zarrías ha insistido en que los socialistas están "dispuestos a hablar de todo", no solo de esta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, sino también de la "reforma de la Ley Electoral en materia de concejales, en materia de procedimiento de elección de alcaldes".

En su opinión, "si hay que hacer una modificación", éste es "el momento procesal oportuno", cuando faltan dos años y medio para las próximas elecciones municipales, aunque ha advertido de que los socialistas no están "dispuestos a criminalizar a los ayuntamientos" españoles "haciéndoles responsables de la deuda y el déficit del Estado", ya que "es la deuda de las Comunidades Autónomas la que está ahogando en estos momentos las finanzas de los ayuntamientos".

Y es que, según los datos que ha aportado, de los 900.000 millones de euros que debe España, "los ayuntamientos llegan con dificultad a los 28.000", por tanto "no son los culpables de la deuda, ni del déficit".

Por eso, ha propuesto que "si hay que reducir gastos en capítulo de personal, posiblemente más que restar calidad democrática a nuestros ayuntamientos, revocando la ley de grandes ciudades (..) ahorraremos más que con cualquier otro movimiento", ha dicho.

Según ha señalado, de los 28.000 millones de euros de deuda que tienen los ayuntamientos españoles, "prácticamente el 50 por ciento" de esta cantidad corresponde a cuatro o cinco grandes ayuntamientos.

Clarificar competencias y evitar duplicidades

Por tanto ha señalado que los socialistas están "dispuestos a hablar de todo desde el sentido común" respecto al funcionamiento de los ayuntamientos españoles, del papel de alcaldes y concejales, y en defensa de los ciudadanos. El objetivo es "hacer ayuntamientos más eficaces, más eficientes y más austeros".

Para ello, el PSOE ha propuesto al PP "clarificar las competencias" y "evitar solapamientos" entre ayuntamientos y diputaciones, y ha destacado la necesidad de "hablar de financiación local y de transparencia y buenas prácticas", con el objetivo de que los ciudadanos conozcan "qué ocurre en sus ayuntamientos".

En ese sentido, Zarrías ha apostado por "establecer mecanismos para racionalizar las retribuciones que reciben los representantes públicos locales", fijando "un tope, que podría estar perfectamente en el salario de cobra un secretario de Estado", y a partir de ahí articularlo a través de "criterios medianamente racionales" como la población, el presupuesto del consistorio o la "casuística" del territorio.

El objetivo es "racionalizar esos salarios, que en ocasiones están muy por encima de lo que deberían estar", ha señalado Zarrías, quien ha apuntado que "el 90 por ciento de los ejemplos a no seguir, son alcaldes y alcaldesas del PP, empezando por la alcaldesa de Madrid".

Finalmente, Gaspar Zarrías ha advertido de que "si todo esto es un intento de distracción para ir paulatinamente desmantelando los servicios públicos" que los ayuntamientos prestan al ciudadano, el PSOE "va a decir que no", y ha añadido que los socialistas estarán "atentos" para comprobar "si esto es hacer ruido por un lado para que no se vea lo que ocurre por otro".

"Estamos en contra del desmantelamiento, de la privatización por la privatización de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos", y que en la actualidad son "un elemento básico en este proceso de deterioro feroz que se está produciendo en el Estado de Bienestar".

Caso de los eres

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre tras finalizar la Comisión de ERE en Andalucía, Gaspar Zarrías ha aseverado que "después de cinco meses de comparecencias, petición de información y de trabajo, la conclusión ha sido que no hay conclusión", lo que "no deja de ser, evidentemente, un fracaso".

Zarrías ha recordado que él compareció en su momento para dar "las explicaciones pertinentes" que le solicitaron los diferentes grupos, pero "al final parece ser, lo que se deduce después de la votación que tuvo lugar esta misma semana en el Parlamento de Andalucía, la conclusión es que no hay conclusiones".