La reforma de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria que posibilitará la creación de la oficina de apoyo y asesoramiento al presidente, será aprobada por el Pleno del Parlamento en las próximas semanas después de pasar este jueves por la Comisión de Economía y Hacienda, donde se han aprobado las cinco enmiendas del PP y se han rechazado las presentadas, en mismo número, por el PRC y el PSOE, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La reforma de la Ley de Régimen Jurídico persigue, según ha explicado el PP, posibilitar la creación de un órgano de gestión y control del gasto público y extender el sistema de contratación centralizada de suministros, obras y servicios de carácter homogéneo en el conjunto de la administración regional.

Los grupos de la oposición, que solicitaron la devolución del texto al Gobierno vía enmienda a la totalidad, consideran que los cambios introducidos por el PP a través de enmiendas parciales, suponen una "marcha atrás" en las intenciones iniciales del Gobierno, que a su entender, pretendía crear un "gobierno paralelo".

Las enmiendas del PP suprimen la posibilidad de dotar a esa estructura de cargos equivalentes a consejeros, limitándolos a cargos equivalentes a directores generales, subdirectores o secretarios generales. No obstante, los cambios del PP no han cubierto las expectativas del PRC y PSOE, que siguen oponiéndose a la creación de esta oficina.

Por su parte, el PP afirma que con sus enmiendas ha tratado de "precisar" los aspectos que han generado "más controversia" de este texto, al considerar que esta Ley debe ser un marco "permanente", para éste o posteriores Gobiernos. Además, asegura que la función del nuevo órgano va a consistir en el control del gasto público, que va a ser atendido por medios propios de la Administración y que "no va a costar ni un euro más".

Esta reforma es el 'grueso' del proyecto de Ley de modificación de los Presupuestos de Cantabria de 2012 y otras medidas de carácter organizativo y financiero para garantizar la estabilidad presupuestaria.

El proyecto de ley que también contempla la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre a los altos cargos de la Administración autonómica no afectados por normas anteriores; la reducción de los módulos económicos de distribución de fondos públicos a los centros de educación concertada; y la prerrogativa de supeditar al principio de sostenibilidad financiera el mantenimiento de los convenios que tengan por objeto subvenciones para gastos corrientes, un aspecto éste al que el PRC y el PSOE se oponen radicalmente.