González Pons, que compareció en el pleno de la Cámara para informar, a petición propia, sobre la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Catral (Alicante), explicó que la realización de las fotografías se llevará a cabo a través del proyecto 'Análisis Espacial.

Se trata de un estudio para la detección de construcciones y cambios de uso de suelo en la Comunidad Valenciana', impulsado desde la conselleria, y en colaboración con el Instituto Cartográfico Valenciano.

El titular de Territorio y Vivienda, quien exhibió desde la tribuna una fotografía aérea realizada por el Instituto Cartográfico que muestra las más de 500 piscinas ilegales existentes en Catral, según remarcó, destacó que esa imagen es el "anticipo de un álbum" que estará a disposición de los diputados dentro de un mes y medio.

Además, enmarcó la iniciativa dentro del plan que presentará en breve su departamento para intentar "impedir en un futuro las construcciones ilegales".

Peinado fotográfico

Recalcó que la medida servirá para "peinar fotográficamente, y con las últimas tecnologías", los 2,2 millones de hectáreas de suelo de la Comunitat y permitirá obtener un "diagnóstico exacto y preciso" sobre la situación de las viviendas ilegales en el territorio valenciano.

En concreto, se podrán conocer todas las construcciones en suelo no urbanizable y qué zonas se han mantenido en las cifras de crecimiento medio en cuanto a ocupación de suelo de los últimos años y cuáles han experimentado un incremento significativo.

Según especificó González Pons, "a partir de ahí, podremos determinar cuántas construcciones han sido ya legalizadas o están en fase de legalización".

Cuando descubran las viviendas ilegales, "actuaremos en consecuencia, exigiendo la restitución de la situación cumpliendo escrupulosamente con la ley", concluyó.

"Lo ilegal duplica lo legal"

Sobre el caso de Catral, especificó que el 15% del término municipal está ocupado por viviendas ilegales, a lo que añadió que la inversión que el Ayuntamiento ha dejado de percibir por ello es de 45 millones de euros.

Precisó que en esa población de la Vega Baja "lo edificado ilegalmente duplica lo edificado legalmente", con 2,9 millones de metros cuadrados de construcciones fuera de ordenación, y recalcó que en ningún otro municipio existe una actividad empresarial "tan flagrante y descarada" para conseguir el "lucro" a través de la "ilegalidad".