El vicepresidente del gobierno Regional y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha dicho este miércoles que las medidas tributarias de la conocida Ley de Acompañamiento van encaminadas a "la contención del gasto" y "a facilitar el cumplimiento del déficit público", lo que supondrá "un mayor control del gasto público".

Bernal ha hecho estas declaraciones para defender en el pleno de la Asamblea Regional el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional ante las enmiendas interpuestas por el partido Socialista y de IU-Verdes, donde ha añadido que no obstante, "en un contexto de crisis se asegurará el mantenimiento de políticas sociales", y que se "promoverá la actividad económica en la Región de Murcia".

Así pues, el Ley supondrá la "reordenación de sector público regional", creando "la agencia tributaria de la Región de Murcia como organismo autónomo", con "autonomía de gestión en materia tributaria", según el vicepresidente.

De igual forma, ha destacado la creación del Instituto de Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, así como el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, ya que "la política turística ya no pude basarse en campañas turísticas", y que "incidirá en la reorientación hacia actividades de un valor añadido", además de citar como una de las medidas adoptadas "la supresión del Defensor del Pueblo".

Proteger los grandes capitales

Para Alfonso Navarro, diputado del PSOE, "la Ley de Acompañamiento es un revoltijo cuyo objetivo es seguir protegiendo a los grandes capitales de esta Región", negando "una mayor imposición a quien puede pagarla".

Navarro ha subrayado que el Gobierno "no quiere que paguen los que más tienen", así como que esta Ley "no dice nada del impuesto de sucesión, nada de los impuestos para los depósitos bancarios, ni de impuesto de patrimonio, ni de centros comerciales".

"El PP niega la vía de ingresos y la vía del crecimiento", ha dicho el diputado Socialista, que ha indicado que por el contrario, el gobierno "se han cargado al Defensor del Pueblo", una institución "que vela por la libertad y el acceso a la Administración de los ciudadanos y que fiscaliza al Gobierno".

Por parte de José Antonio Pujante, de IU-Verdes, su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de Ley porque éste "supone gravar fiscalmente a todo el mundo por igual", a "familias numerosas y personas con discapacidad", así como también "supone una presión fiscal indirecta claramente injusta".

Pujante, por el contrario, ha dicho que debería "pagar quien más gana", y que se debería "tener en cuenta el impuesto sobre grandes superficies, el impuesto sobre depósitos bancarios que el PP había tachado de anticonstitucional y el tramo autonómico del impuesto de patrimonio", lo que supuso "40 millones de euros la última vez que estuvo vigente", así que ha pedido "medidas tributarias más justas y solidarias".

Finalmente, Víctor Manuel Martínez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, ha dicho que "esta ley viene a revisar determinadas tasas", buscando "una mayor agilidad", a la vez que ha incidido en que el Gobierno gastará "9 millones de euros al día en políticas sociales", defendiendo por tanto que estas medidas no van "contra quienes menos tienen".