El plazo se abre después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid desestimara las alegaciones que la Junta había presentado  por cuestiones formales. Según el juez, la demanda de los padres se planteó correctamente en plazos y formas y ahora le toca a la Junta dar sus argumentos sobre por qué no facilita la retirada.