El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha cuestionado y rechazado el dictamen que aprobó este jueves la comisión parlamentaria creada para investigar las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, que le atribuye la "responsabilidad política directa" de esta supuesta trama pese a que él, según ha subrayado, era "ajeno a decisiones políticas".

De esta manera, a través de un comunicado enviado por su abogado, al que ha tenido acceso Europa Press, Guerrero se muestra "sorprendido" por unas conclusiones que juzga "arbitrarias" y en cuya elaboración, a su entender, han primado "los intereses partidistas a los de los ciudadanos".

En su opinión, los representantes políticos que han integrado dicha comisión de investigación "se salvan a sí mismos" en el referido dictamen y "olvidan los debates anuales a que era sometida la partida presupuestaria discutida", en referencia al programa 31L, del que salían pagos que, según Guerrero, la Cámara de Cuentas fiscalizaba "año tras año sin realizar objeción alguna".

Por eso, el exdirector general de Trabajo se muestra sorprendido de que la Cámara de Cuentas, "tras doce años vacacionando, pero cobrando, en unos meses descubra irregularidades", así como que sus profesionales "realicen un trabajo, pero no lo suscriban y modifiquen sus conclusiones a golpe de presiones".

También cuestiona que "la comisión parlamentaria valide las ayudas, denominándolas positivas y saludables e, incoherentemente, las tache de irregulares", y que "quienes diseñan y fiscalizan sean los buenos, y el gestor, el malo".

"¿No son arbitrarias las conclusiones? ¿No es una desfachatez anteponer los intereses partidistas a los de los ciudadanos?", se pregunta Guerrero al final de su comunicado, que culmina criticando la conclusión a la que, en su opinión, llega el dictamen, y es que "todo el poder ejecutivo de la Junta de Andalucía se encontraba en manos de un director general".