La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha reclamado este viernes a los ayuntamientos andaluces que firmen el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía.

Según ha explicado Cortés a los periodistas, "solo entre el 8 y el 31 de octubre estas oficinas atendieron a más de 300 familias, demostrando ser un instrumento útil y transformador", subrayando la consejera que la firma de estos convenios supondrá para los ayuntamientos "una muestra fehaciente de vocación social, de interés por los problemas de los sufridores de la crisis".

"Con pasos como éste —ha insistido— los ayuntamientos se sitúan a la altura del momento crucial que atravesamos y dan respuesta a un clamor social que exige compromisos y respuestas. Ese es el camino que dignifica la política".

Cortés ha hecho estas declaraciones poco antes de firmar el convenio correspondiente con las alcaldesas de los ayuntamientos cordobeses de Baena y Belmez, María Jesús Serrano y Aurora Rubio, respectivamente. Con esta rúbrica ambos municipios, que son los primeros de Andalucía en suscribir dicho convenio, se acogen al acuerdo marco ya firmado en septiembre pasado por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Cortés ha destacado que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda es "un instrumento participativo que requiere de la colaboración de colectivos sociales, entidades financieras y ayuntamientos, con quienes debemos trabajar muy en sintonía, para ofrecer el mejor servicio a aquellas familias afectadas por procesos de desahucios que pueden derivar en la pérdida de su vivienda".

En ese sentido, la consejera ha hecho especial hincapié en la necesidad de "contar con el apoyo de las capitales de provincias y de los municipios de más de 50.000 habitantes, donde la incidencia de este drama social es mayor si cabe".

Colectivos sociales

La titular de Fomento y Vivienda también ha recordado que "las administraciones no pueden permanecer neutrales y deben realizar cuantas acciones sean necesarias para dar amparo a estos ciudadanos en cumplimiento del derecho estatutario y constitucional a una vivienda digna", ya que "el derecho a la vivienda es un derecho humano que está siendo pisoteado". Es más, a su juicio, "el decreto de la infamia del Gobierno es una tirita para frenar una gigantesca hemorragia. No puede abordarse la lucha contra los desahucios con medidas tomadas sin contar con la gente".

Precisamente, tras la firma del citado convenio con los ayuntamientos de Belmez y Baena, Cortés se ha reunido con distintos colectivos sociales, como la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, la Plataforma Stop Desahucios, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) y la Asociación Pro Inmigrantes.

A este respecto, Cortés ha recordado que "han sido asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Stop Desahucios las que han introducido los desahucios en el debate social y político", cuestión ésta que la ha llevado a instar al Gobierno central a que "se siente con los colectivos, escuche y aprenda", exigiéndole también la consejera al Gobierno de la Nación "que tome medidas realmente útiles, como la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social y una quita de todas las hipotecas".

Objetivos del convenio

Entre tanto, según ha detallado Cortés, el convenio firmado este viernes por los ayuntamientos de Baena y Belmez permite establecer vías de colaboración entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos y garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se comprometen, mediante sus respectivos Servicios Sociales y previa solicitud de las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección, con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las delegaciones territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO, con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una comisión de seguimiento, para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.

Rehabilitación de viviendas

Por otro lado, Cortés ha recordado la apuesta que hace también su Consejería por la rehabilitación de viviendas, lo cual se ha plasmado en el presupuesto de la Junta para 2013, en el que, según ha destacado, se incluye "un plan de rehabilitación de 45 millones de euros".

En este sentido, la consejera ha resaltado que "la rehabilitación de la vivienda es un elemento prioritario" para su departamento, pues Cortés considera que "es necesario rehabilitar el parque de vivienda que existe en Andalucía".