El concejal de Urbanismo y Vivienda, Francisco Javier Nicolás, ha señalado que el Partido Popular debe asumir responsabilidades políticas por su gestión de la "desastrosa promoción" de La Legua, a cuyos propietarios un juez obliga a indemnizar, y ha afirmado que ahora comprende que los 'populares' quieran liquidar la EMV "para tapar sus vergüenzas y su mala administración".

Javier Nicolás ha comparecido en rueda de prensa para explicar la sentencia que obliga a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) a indemnizar con 254.294 euros a veinte propietarios de una promoción realizada por este organismo municipal y que se inició en el año 2003, cuando la gestión municipal estaba en manos del PP, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Aparte de los aspectos técnicos, el Gobierno local considera que los gestores políticos de aquella promoción deben asumir sus responsabilidades, según ha dicho Nicolás, quien ha manifestado que ahora entiende que lo que quiere el PP al pedir que se liquide la EMV "es tapar sus vergüenzas y la administración en la peor promoción de la historia" de esta entidad municipal.

Ha explicado que la construcción de estas casas ya se inició con un modificado que incrementaba el presupuesto original en 2,2 millones de euros "antes incluso de que empezasen las obras", y que el sorteo de las viviendas se realizó en mayo de 2003, "prácticamente en campaña electoral".

Los entonces responsables del organismo "afirmaron que no iba a costar ni un euro a los toledanos"; sin embargo, sólo en arreglos de los desperfectos y deficiencias de los inmuebles la EMV se ha gastado en estos años 1,4 millones de euros, a lo que habría que sumar ahora los 255.000 euros de la resolución judicial.

Nicolás ha insistido en que el actual equipo directivo de la Empresa Municipal de Vivienda ha mantenido siempre su intención de solucionar los problemas de las casas y de llegar a un acuerdo con los propietarios, como lo demuestran los 1,4 millones de euros gastados en las reformas.

En esta línea, a los 20 demandantes se les ofreció una cantidad global de 180.000 euros (9.000 euros por vivienda), pero estos decidieron acudir a los tribunales solicitando un total de 900.000 euros. La sentencia conocida ayer fija 254.294 euros de indemnización, lo supone alrededor de 12.000 euros por vivienda, una cantidad que difiere sólo en 3.000 euros de lo que recogen los informes periciales de la EMV.