Ante el drama que están viviendo muchas familias catalanas pendientes de desahucio, cada vez son más los ayuntamientos que están aprobando medidas de oposición a los lanzamientos.

El último caso lo han protagonizado el Consell Comarcal del Vallès Oriental y una treintena de consistorios de la comarca, que han acordado una moción en la que se oponen a "la obligación de los ayuntamientos, y particularmente de las policías locales, de tener que colaborar en los procesos de desahucio". Tanto es así que instan al Estado a "regular la objeción de conciencia en estos casos".

Los ayuntamientos, entre los que se cuentan Granollers, Mollet del Vallès, Montmeló, La Roca, Parets, Cardedeu, La Garriga, Montornès o Caldes de Montbui, reclaman al Estado que "regule la dación en pago con efectos retroactivos, la paralización de los desahucios y el acceso al alquiler social para los afectados".

Después de que los jueces pusieran sobre la mesa la necesidad de introducir cambios legales para evitar el drama de los desahucios, los sindicatos de los Mossos d’Esquadra también han señalado el malestar de los agentes por tener que ejecutar "unas sentencias que podrían resultar manifiestamente injustas", según el SAP-UGT.

Los ayuntamientos más críticos con la legislación hipotecaria también están aprobando medidas contra los bancos. En el Vallès Oriental priorizarán la contratación de servicios bancarios de entidades "que hayan suspendido los desahucios". En Canovelles estudian sancionar a los bancos con pisos vacíos. El problema es que el Estado aún no ha definido qué es un piso desocupado.