Los coches eran de gama alta procedentes de Alemania. La red operaba desde Vizcaya y había defraudado a Hacienda más de 25 millones de euros de los impuestos impagados de unos 2.000 vehículos.
Los dos cabecillas han ingresado en prisión. Los estafadores utilizaban dos empresas vizcaínas que posteriormente transferían de manera inmediata los coches a unas diez empresas ubicadas en diferentes provincias españolas.

La operación, desarrollada por la Guardia Civil, ha permitido realizar el bloqueo administrativo de 536 vehículos en la Jefatura de Tráfico y una orden de precinto sobre otros 54 coches. Además, los agentes se han incautado de abundante material informático y diversa documentación.