LAB ha exigido que "no se aplique en Euskal Herria" la ley de tasas aprobada por el Gobierno del PP y ha pedido a la Administración vasca que garantice el derecho a "la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica".

En un comunicado, ha señalado que esta ley de tasas "impone un tributo por reclamaciones ante los tribunales, encareciendo las ya existentes e incorpora ahora también el pago de tasas en la jurisdicción social, esto es, la jurisdicción que conoce de las reclamaciones de los trabajadores en materia de derechos laborales, EREs, salud laboral y prestaciones de la seguridad social".

Según el sindicado, "las tasas que se impone a los trabajadores son de entre 200 y 300 euros para acceder a los recursos de suplicación y casación, a las que se le añadirá, además, el pago de otra cantidad en atención a la cuantía reclamada o en litigio"·

LAB ha afirmado que "las sucesivas reformas y la consiguiente situación de inseguridad jurídica que las mismas generan en cuanto a su interpretación y aplicación, están suponiendo un aumento de las causas abiertas en los juzgados, para lo que el gobierno español del PP plantea como salida obstaculizar el acceso a los tribunales a los colectivos sociales económicamente más precarios".

LAB ha criticado también "la hipocresía de quien ha aprobado una norma en contra de los desahucios que deja intacta la mayoría de las situaciones de riesgo y, acto seguido, encarece el acceso a los tribunales de quien, por ejemplo, quiera defenderse en el juzgado frente a la banca en un proceso hipotecario".

"Esta ley supone seguir con el recorte y la limitación en el acceso a los servicios públicos, ahora los referidos a la administración de justicia, para condicionar así el derecho a la tutela judicial efectiva en atención a la capacidad económica de las y los ciudadanos", ha advertido, para añadir que "supone incidir por la vía de seguir gravando con impuestos sin progresividad, en la que al no tener en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes, las rentas más bajas se ven castigadas".

Por todo ello, el sindicato LAB ha exigido la inmediata retirada de la ley de tasas y ha emplazado a las administraciones vascas para que, "desde la apuesta por unos servicios públicos de calidad, tampoco se apliquen estas medidas, y dote a la administración de justicia de los recursos necesarios para que, como servicio público que debe seguir siendo, garantice el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica".