El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, ha pedido reunirse con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, para analizar los problemas de furtivismo relacionados con la caza de galgos en la región.

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha remitido una carta al delegado del Gobierno instándole a mantener una reunión "lo antes posible", en la que le transmitido el "descontento" del sector, especialmente de las sociedades de cazadores en relación a este problema y al practicado sobre las liebres con perros galgos, según ha informado esta Federación en nota de prensa.

Según García, esta "caza ilegal" está ocasionando graves daños en la gestión de los terrenos donde se lleva a cabo, donde se están registrando "graves pérdidas económicas", lo que "está poniendo en serio riesgo a los servicios de guardería privada y a las personas encargadas de la vigilancia de los terrenos".

En este sentido, ha señalado que esto ocurre cuando los encargados de la vigilancia de estos terrenos tienen que enfrentarse a grupos de personas, que en la actualidad "no temen a nada ni a nadie, puesto que son sabedores de su impunidad, merced a las normativas y leyes actuales".

Así, ha subrayado que estos enfrentamientos entre furtivos y los servicios de vigilancia son "particularmente graveS" en las provincias de Albacete (zona noroeste), Ciudad Real (zona este) y Toledo (comarcas de la Sagra y limítrofes a Madrid), lugares en los que algunos grupos "se sienten fuertes y amenazan a los miembros de la Guardia Civil, llegando en ocasiones al enfrentamiento".

Fruto de estos hechos y a falta de sanciones a los cazadores furtivos, ha añadido García, "tanto los agentes de la autoridad, como los miembros de la guardería rural, se sienten desprotegidos, desanimados y desmotivados".

Por este motivo, la Federación de Caza ha pedido que en esta reunión Labrador también deberían estar presentes la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, la Federación Castellano Manchega de Galgos, Aproca y representantes de las asociaciones de guardería rural privada y miembros de la Guardia Civil.