La jueza instructora del conocido como 'caso Cooperación', que investiga un presunto fraude en las subvenciones a ONG por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, ha remitido al fiscal una información relativa a la presunta filtración por parte del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, al ex titular de Solidaridad y diputado en las Corts, Rafael Blasco, de un informe sobre las ayudas a ONG, por si existiera responsabilidad penal.

Así consta en una providencia —facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)—, con fecha de este mismo miércoles, contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.

El secretario de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano ha trasladado este miércoles a la magistrada una información publicada en el periódico Levante-EMV referida a la filtración a Blasco —imputado en el procedimiento— de un informe elaborado por la Intervención General de la Generalitat Valenciana en relación con ayudas a ONG. Este informe había sido solicitado por el juzgado que inicialmente llevó la causa.

Tras recibir el artículo, la jueza ha acordado remitir al ministerio fiscal esta información para que, en base a lo dispuesto en el artículo 417 del Código Penal, relativo a la revelación de secretos e información, se depuren las responsabilidades penales en las que se hubiera podido incurrir.

En concreto, en base a este artículo, se castiga el conocimiento por terceros no legitimados de determinadas informaciones o documentos cuya confidencialidad es necesaria para el funcionamiento de la Administración. Asimismo, recoge una figura agravada para aquellos casos en los que se produzca como consecuencia de la revelación un grave daño para la causa pública o para terceros.

Por otro lado, en esta misma providencia, la magistrada acepta la petición del letrado de Blasco y cita para declarar a tres testigos el próximo día 13 de diciembre. Por contra, rechaza la pretensión de este letrado de suspender las testificales señaladas para el día 4 de noviembre.

Asimismo, la jueza acuerda remitir la comisión rogatoria recibida a la oficina de traducciones que presta este servicio a este tribunal valenciano; y da por comunicada la asistencia letrada conjunta de la acusación popular, por parte de Alberto Domingo y de Antonio Penadés. Además, da por personada en las presentes actuaciones —en las que hay 32 personas imputadas, siete de ellas funcionarias o excargos en la administración valenciana— a una letrada en representación de Rafael Joaquín Blasco.

La causa

La causa cuenta con 32 imputados, entre ellos, se encuentra Blasco, quien siempre se ha desvinculado de la trama. Asimismo, figuran imputados el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.

Respecto al resto de imputados, están relacionados con distintas ONG. Uno de ellos es el empresario Augusto César Tauroni, único que está en situación de prisión provisional desde febrero. En la investigación están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni.

En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.