La delegada el Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha afirmado este martes que la Junta respetará el plazo dado a la sociedad adjudicataria de la Ciudad de la Justicia de la capital para la obtención de los recursos necesarios para financiar la obra, si bien, en caso de que la adjudicataria no consiga financiación en el período establecido, el Gobierno andaluz estudiará todas las posibilidades jurídicas y legales para que este proyecto "salga adelante y pueda comenzar a ejecutarse".

En una nota, Ambrosio ha mostrado su confianza en que se pueda llevar a cabo este proyecto, en el que está comprometida la Junta, así como los operadores judiciales y toda la sociedad cordobesa en su conjunto, al tiempo que ha expresado la voluntad de esperar a la conclusión del plazo, que expira el próximo día 23 de noviembre.

El pasado mes de julio, la sociedad adjudicataria pidió a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta una ampliación del plazo para obtener el apoyo financiero necesario para comenzar las obras bajo la fórmula de colaboración público privada en una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro.

La concesión de la explotación del inmueble se otorga a la empresa constructora por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. Durante este periodo la Junta abonará a la empresa un alquiler anual por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.

El objetivo de la Consejería de Justicia e Interior es que la Ciudad de la Justicia sea "una realidad cuanto antes" en Córdoba y "poder mejorar así el servicio judicial que se presta a los usuarios y las condiciones y calidad del trabajo de sus profesionales".