El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha reprochado que la propuesta del Gobierno central para conceder permiso de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda cuyo precio sea superior a 160.000 euros es de "un racismo económico intolerable" y es claramente un caso de "aporofobia", es decir, "de odio al pobre".

Pujante, que ha comparecido en una rueda de prensa acompañado por el responsable de Vivienda de esa organización, Sergio Ramos, ha hecho estas declaraciones al referirse a la reforma del Decreto de extranjería anunciada por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

El coordinador de la formación de izquierdas ha señalado que esta medida supondría dar la bienvenida "al extranjero que sea rico, particularmente chinos y rusos", mientras que al que es pobre "no sólo se le desprecia, sino que se adoptan contra él medidas de represión".

Pujante ha considerado que esta medida es "completamente indecente" encaminada a "sacar las castañas del fuego a la banca, que tiene miles de viviendas en su haber, que es lo que queda tras la quiebra inmobiliaria".

Real decreto sobre desahucios

Por otra parte, Pujante ha lamentado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno central sobre los desahucios es "una tomadura de pelo" después de "miles de desahucios, un total de 400.000 después del origen de la crisis en 2007, de los que 12.000 han tenido lugar en la Región de Murcia", según ha precisado.

A su juicio, este Real Decreto "no va a frenar los desahucios", y se trata de una medida "tibia" que "no es consecuencia de una reflexión moral o ética" sino fruto de la "presión ciudadana", que es la que "ha contribuido a que el Gobierno mueva ficha levemente e insuficientemente".

Ha reprochado que el Real Decreto es una "tomadura de pelo" porque, por ejemplo, "no tiene efecto retroactivo", al contrario de lo que sucede "con otras medidas perjudiciales para la ciudadanía, como la reforma laboral".

En este sentido, ha recordado que "ni el PP ni el PSOE han sido capaces de modificar una ley hipotecaria que data de 1909". Frente a esta situación, Pujante ha explicado que IU-Verdes ha presentado una iniciativa en el Parlamento, con el fin de que "se modifique la Ley hipotecaria y se apruebe, en definitiva, el principio de la dación en pago".

Asimismo, IU-Verdes en la Región de Murcia se ha dirigido por carta al delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, para pedirle que no se lleve a cabo "ninguna intervención más por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ejecutar desahucios". A su juicio, si la Policía Nacional o la Guardia Civil tienen que actuar es para "meter en la cárcel a algún que otro chorizo bancario".

Pujante ha lamentado que "no estaríamos en la situación actual" si se hubieran adoptado "medidas serias" desde el comienzo de la conformación de la burbuja inmobiliaria para la promoción de la vivienda pública, mediante la obligación del promotor de ceder el 10 por ciento de las obras.

Sin embargo, ha criticado que las administraciones "rechazaban recibir ese diez por ciento de las promociones a cambio de dinero". Si esa superficie se hubiera aprovechado para vivienda pública, "se hubiera garantizado vivienda para mucha gente y no estaríamos en esta situación", ha insistido.

Ramos ha indicado que este Real Decreto es una "burla a los ciudadanos" que esperaban "con necesidad" la paralización de sus desahucios, también los que están en proceso judicial y que, según la nueva norma "seguirán adelante". En total, ha calculado que habrá unas 350.000 familias en toda España que "seguirán teniendo una deuda con el banco que jamás podrán pagar".

En este sentido, el responsable de Vivienda de IU-Verdes ha señalado que este Real Decreto "parece hecho por la patronal bancaria", ya que "sólo se trata de un maquillaje" que "sólo va a beneficiar al 10 por ciento de los afectados". Por tanto, considera que se trata de un "ataque frontal a la clase media y, sobre todo, a familias vulnerables".

Ha remarcado que IU-Verdes ha pedido en el Congreso de los Diputados "la paralización de los desahucios de viviendas habituales mientras el parlamento tramita medidas para evitar el sobrendeudamiento".

Recuerda que las deudas contraídas por las familias "se produjeron porque los bancos daban crédito". Ahora, cuando la entidad financiera ejecuta el desahucio "se queda con la vivienda pero a la familia se le queda la deuda de por vida". En este sentido, apuesta por dar a las familias, por lo menos, "la oportunidad de volver a empezar".

IU-Verdes también defiende el cambio de la Ley de enjuiciamiento criminal, porque actualmente "facilita el desalojo". A su juicio, debe de primar "la protección a los desahuciados".