El organizador de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, Miguel Ángel Flores culpa a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) de la falta de seguridad en el recinto y atribuye la avalancha humana que provocó la muerte de adolescentes a la falta de previsión y ausencia de control por parte de la Policía Municipal del 'macrobotellón' que se produjo en una zona adyacente al recinto, según fuentes jurídicas.

Flores, que acudió a declarar como imputado —por la Fiscalía, no por el juez— por cuatro delitos de homicidio imprudente y lesiones graves imprudentes ante el titular del juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla, Eduardo López Palop, ha admitido que el aforo pudo sobrepasarse, según las mismas fuentes,  aunque ha insistido en que solo se vendieron las 9.650 entradas que admitió en un principio y que puede que hubiera alguna duplicidad en la venta de tickets. Además, ha revelado que mandó imprimir hasta 17.000 tiques.

Según su versión, precisaron las fuentes, otros 2.000 o 3.000 jóvenes pudieron entrar a la fuerza, lo que implicaría que la empresa de Seguridad contratada para el evento, Seguriber, y los porteros que controlaban el acceso no cumplieron su función o se vieron desbordados. Ello, según el empresario, elevaría el aforo a entre 13.000 y 15.000 personas. Según la Policía, pudieron entrar hasta 23.000 asistentes.

Acerca de las entradas recogidas por el personal de acceso, y que podrían probar si hubo o no exceso de aforo, si se controló adecuadamente su distribución o si se vendieron más de las autorizadas, el empresario aseguró desconocer su paradero. La Policía las encontró la pasada semana en unas dependencias situadas en el Pabellón Satélite del Madrid Arena.

A preguntas del juez, el Flores insistió en que él no controlaba la seguridad en el pabellón municipal (Diviertt pagaba a Seguriber pero esta estaba contratada por el Ayuntamiento).

De hecho, aportó al magistrado un correo supuestamente falseado por Madrid Espacios y Congresos para tratar de hacer ver que él hablaba de la seguridad interior y exterior, según relató después Gerardo Viada, abogado de la familia  de Katia Esteban, una de las menores fallecidas.

En su propio descargo, concluyó que el tumulto que se produjo y que provocó la avalancha mortal fue consecuencia de la falta de previsión por parte del Consistorio.

Flores dijo que la Policía municipal era la responsable de controlar el macrobotellón que se produjo fuera del Madrid Arena en el que durante cuatro horas, según ha dicho, los jóvenes estuvieron bebiendo. De hecho, ha indicado al juez que se recaudaron 40.000 euros cuando lo normal es 100.000 euros y ha llegado a decir que los jóvenes estaban "súper borrachos".

Ha relatado que la caja que Diviertt hizo en la barra de la fiesta fue "escasa" y solo alcanzó los 40.000 euros, cuando lo habitual son 100.000, "porque la gente ya venía bebida y con botellas propias". Asimismo, ha insistido en que registrar los bolsos de los asistentes no era su competencia, a lo que el juez ha apuntado que igual que algunos participantes introdujeron bengalas podrían haber entrado con "ametralladoras", según el letrado de la acusación particular Gerardo Viadas.

Fuentes jurídicas han señalado que Flores ha manifestado al instructor que advirtió hace dos años a Madrid Espacios y Congresos de que había algunos accesos del Madrid Arena que no se podían controlar en alusión a que hubo jóvenes que pudieron 'colarse' sin entrada. A mediodía, el interrogatorio se paralizó durante unos minutos en los que se ha podido ver a Flores visiblemente afectado con los ojos llorosos y resoplando.

El empresario llegó poco antes de las diez de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla acompañado de su abogado y sin hacer declaraciones. Tras comparecer, abandonó el recinto de la misma forma. El juez López Palop le ha dejado en libertad, pero le impone la obligación de presentarse en el juzgado dos veces al mes (los días 8 y 24 en el juzgado más próximo a su domicilio).

Aunque el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, personado como  acusación particular, solicitaba para él prisión provisional y sin fianza, la Fiscalía se ha opuesto al considerar que "no hay riesgo de fuga ni aclaración de pruebas ni reiteración delictiva por tanto no concurren los requisitos". El letrado de la familia de Katia Esteban, una de las fallecidas, había solicitado para Flores prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

El magistrado escuchará mañana como imputado al representante legal de Kontrol 34, cuyos vigilantes fueron contratados para llevar la seguridad del interior del recinto. El próximo jueves, el fiscal superior, Manuel Moix, y el fiscal del caso, se reunirán para decidir el rumbo de la investigación conforme a lo que se declare estos días y estudiar si solicitan la imputación de más responsables municipales, como el caso del concejal Pedro Calvo.