Los actos vandálicos, como el asalto al colegio Condes de Aragón, no se consideran faltas graves y no tienen por qué llegar a juicio. El año pasado, un centenar de menores fueron denunciados por delitos similares, como destrozos en coches o en mobiliario urbano.

Un total de 533 de los 1.005 delincuentes zaragozanos de entre 14 y 18 años evitaron en 2005 ir a juicio. Además de pagar los daños producidos (responsabilidad que recae sobre sus padres), los menores tienen que reconocer su culpa, pedir disculpas a su víctima y cumplir las tareas educativas decretadas por los equipos técnicos.

«El objetivo no es sólo castigar, sino conseguir que el menor sea responsable y se comprometa a cambiar», explica Manuel Benedí, responsable del equipo de trece educadores de Justicia de Menores.

Este equipo recibe diez casos nuevos por semana. Los que no se juzgan se resuelven en tres meses, ya que no se pueden superar las 200 horas de servicios a la comunidad, la mitad si son jóvenes de 14 a 16 años.

La vía judicial se demora entre seis meses y un año. «Es mucho tiempo y educativamente no es tan efectivo», señala Benedí. Sólo el 10% de los menores juzgados acaban en el reformatorio. El resto puede ser internado en régimen semiabierto (47 el año pasado), en un centro terapéutico (8) o pasar a libertad vigilada a cargo de un educador (267).

«No recomendaría la expulsión»

En el caso de los menores implicados en el asalto al colegio Condes de Aragón, Manuel Benedí se muestra rotundo: «Personalmente, no recomendaría su expulsión. Es una medida demasiado traumática». Considera que los chavales pueden seguir en el centro con normalidad y asegura que «dar la cara es educativo y sería muy beneficioso tanto para ellos como para el conjunto del colegio», explica.