El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva juzga este lunes a partir de las 10,30 horas a tres personas I.G.M., J.F.M., de nacionalidad española, y a R.K., de nacionalidad marroquí, por un delito de amenazas y de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide por estos hechos 22 de prisión para todos ellos, al considerar probado que dos de los acusados mantenían irregularmente a dos marroquíes en España, que emigraron a este país al pagar 9.000 euros al acusado marroquí.

Así, el Ministerio Fiscal considera probado que los dos acusados españoles se encontraban en febrero de 2010 reunidos con los ciudadanos marroquíes en una gestoría sita en la localidad onubense de Punta Umbría, donde mantuvieron una discusión propiciada por las incidencias del contrato de trabajo que el acusado había proporcionado a uno de los marroquíes.

En concreto, este acusado le solicitó al ciudadano marroquí abonar por su cuenta las cotizaciones sociales correspondientes a dos meses más a fin de poder beneficiarse de ciertas ayudas públicas, a lo que se opuso, negándose seguidamente este marroquí a firmar ninguna de las seis nóminas anteriores y el finiquito que le proponía I.M.G.

En ese momento, según señala la Fiscalía el acusado respondió sacando una pistola, que simula una auténtica, golpeando con la misma fuertemente la mesa alrededor de la cual estaban reunidos y diciendo "vas a firmar por las buenas o por la malas", provocando que los dos ciudadanos marroquíes salieran corriendo presos del pánico.

Por otro lado, el otro acusado R.K., de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal, les facilitó las gestiones y documentación necesaria para que estos pudieran emigrar a España, a cambio de 9.000 euros que debía pagar exclusivamente uno de estos marroquíes, efectuando los perjudicados los trámites necesarios para obtener visado de entrada en España, que obtuvieron del Consulado español en la ciudad de Casablanca (Marruecos).

Previamente el acusado citado, en compañía de J.F.M., y de común acuerdo ambos, se trasladaron en los primeros meses del año 2009 a Marruecos recogiendo los pasaportes de los ciudadanos marroquíes citados, a los que avisaron posteriormente de que estaba todo arreglado.

Así, el día 6 de julio de 2009 ambos ciudadanos marroquíes entraron en territorio nacional a través de la frontera de Ceuta dirigiéndose seguidamente a Punta Umbría. Así, una vez asentados en España los citados acusados, actuando de común acuerdo con el primero de ellos y con la finalidad de facilitar la permanencia en territorio nacional de los citados una vez caducado el visado de estancia y para evitar las consecuencias jurídicas, les facilitaron dos contratos de trabajo a nombre de una empresa de su sociedad.

Sin embargo, no efectuaron trabajo alguno en la citada empresa, por lo que la Fiscalía considera que estos utilizaron ese artificio jurídico para lograr fraudulentamente la permanencia de los mismos en España, estando los perjudicados además obligados a abonar a los acusados la cantidad de 255 euros mensuales que les pidieron en concepto de 'cotizaciones sociales', repartiéndose los tres acusados todas las ganancias por partes iguales.

Por todo ello, la Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de amenazas y de favorecimiento de la inmigración ilegal. A su vez, ha citado a declarar en el juicio a los dos marroquíes afectados y al dueño de la gestoría donde tuvo lugar el delito de amenazas.