Con todo, cada año los impagos son menos. En 1999 quedaban impagadas el 33% de las pensiones, en 2004 se redujeron al 19%, hasta quedar en el 12% actual.

Los impagos van a menos porque desde 2004 este hecho es un delito perseguido por ley y porque se han extendido los programas de mediación familiar en Euskadi. De hecho, es la confrontación entre los separados el principal motivo de negarse a pagar. «La gente dice: ¿que no me dejas ver al niño? No te paso la pensión», ilustra Justo Sáenz, presidente de Kidetza. «La pensión se convierte en objeto arrojadizo y el hijo paga el pato».

Mientras tanto, el Gobierno vasco incumple una promesa que solucionaría el problema. Desde el mes de  junio pasado, ya tenía que estar en marcha un fondo de pensiones sociales a través del cual el Ejecutivo pagaría las pensiones y Hacienda se encargaría de perseguir al moroso. Esto garantizaría un cumplimiento al 100%. Los que aguardan su pensión están esperando.

Los escurridizos. Profesión liberal

Los separados que tienen profesiones liberales (médico, abogado...) son los que más fácilmente pueden escabullirse de pagar una pensión al declararse insolventes, según Kidetza.

Las víctimas. Perseguir al deudor

A las víctimas de impagos de pensiones les «sale más cara la salsa, que los caracoles», explica la trabajadora social de Kidetza. Un proceso con abogados, detectives y demás es más costoso que la cuantía de la pensión.

El delito. Quien no paga

Desde 2004, se considera delito el impago de la pensión durante dos meses consecutivos o cuatro discontinuos. Según Kidetza, hay casos que pagan por temor, «a pesar de vivir en los límites de la pobreza».

Sin pensión y con la deuda de su ex

Los impagos de pensiones esconden historias como la de una bilbaína de 45 años, que lleva siete sin recibir la pensión de su ex, y que, encima, ha tenido que pagar sus deudas. Él está ilocalizable, se declaró insolvente, y a la mujer, con dos hijos, no le quedan opciones. Casi le embargan su casa, que salvó con una hipoteca que aún hoy paga. La ley es insuficiente.

Uno de cada tres que no paga es porque no le llega con el dinero que gana

Entre un 25 y un 35% de las pensiones impagadas se deben a la falta de dinero de quien debe abonarlas. Así lo estima Kidetza, que ha hecho un estudio en el que calcula que el gasto fijo mensual de una persona divorciada que cobre 1.000 euros se eleva a 925 euros, como mínimo.

Esos 925 euros salen de: 225 1 de pensión, 350 1 de hipoteca pagada a medias y otros 350 1 de pago mensual de la nueva vivienda de quien debe abandonar el hogar. A eso hay que sumar la manutención del niño durante 125 días al año y la habilitación de una habitación propia para el hijo.

Ahí se desempolva el mito del divorciado que duerme en su coche o vuelve con 40 años a vivir con sus padres. «Por eso pedimos ayudas como el tener preferencia en los sorteos de las viviendas protegidas», argumenta Justo Sáenz, presidente de Kidetza.

Lo que rechaza el colectivo son las pensiones compensatorias, las que se pagan a los ex, ya que «fomentan la dependencia o los abusos», explica la trabajadora social. Kidetza sólo las admite en casos puntuales.

925 Euros se calcula que es el gasto fijo mensual medio de un divorciado si gana 1.000 €.