El presidente de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, Ignacio García (IULV-CA), deberá registrar este viernes antes de las 19 horas la "ponencia de síntesis" que recoja las "aportaciones coincidentes" de los tres grupos parlamentarios, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, en sus propuestas de dictamen.

En declaraciones a Europa Press, García ha admitido que tiene por delante un trabajo "arduo y laborioso" para elaborar un "documento de síntesis" que recoja las diferentes posiciones expresadas por los grupos políticos en sus respectivas propuestas de dictamen.

Los grupos tendrán de plazo hasta el 20 de noviembre para plantear enmiendas o modificaciones al texto que registre García. La comisión de investigación se reunirá dos días después, el jueves 22 a partir de las 17,00 horas, en sesión extraordinaria para elaborar el dictamen final y dar por concluido su trabajo. No obstante, los grupos dispondrán hasta el lunes 26 para presentar "votos particulares" como anexos al dictamen de la comisión, que deberá ser ratificado en el Pleno de la Cámara el miércoles 28.

Cabe recordar que el PP-A pide en su propuesta de dictamen la dimisión, como "principales responsables políticos", del expresidente y presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente; de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce excargos de la Junta entre 2011 y 2010 y considera "inaceptable" que el PSOE sólo eche la "culpa" al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero e intente "minimizar" los hechos.

Por su parte, IULV-CA sitúa en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández el máximo nivel de responsabilidad política en el caso al considerarles "muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —actual agencia IDEA— y autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles".

Frente a ello, el PSOE-A atribuye en sus conclusiones a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta la responsabilidad del caso, ya que era el órgano con la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas", y subraya que el uso "indebido" del procedimiento de concesión de ayudas se produjo entre los años 2001 a 2008, con Francisco Javier Guerrero al frente, que recientemente ha salido de prisión.