El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso interpuesto por la empresa Aqualia contra las tarifas de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) de 2011, una sentencia que, unida a las que ya se han producido en distintos ámbitos judiciales, avala el sistema de precios públicos de Giahsa y "echa por tierra" la estrategia de la empresa privada de "judicializar" las relaciones económicas entre ambas entidades al objeto de eludir o retrasar el pago del agua potable que compra a la empresa onubense y que luego revende a sus clientes de poblaciones como Lepe, Moguer, Bollullos o Valverde.

Según ha informado Giahsa en una nota, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA desestima el recurso interpuesto por Aqualia y considera "conforme al ordenamiento jurídico" el acuerdo del Pleno de MAS por el que se establecía la ordenanza reguladora de la tasa por distribución de agua que estuvo vigente durante el año 2011, y específicamente en relación al concepto "suministro de agua en alta". Por su parte, desde Aqualia han remarcado a Europa Press que la sentencia no es firme y que la va a recurrir.

A juicio de Giahsa, hasta ahora la estrategia de Aqualia ha sido recurrir judicialmente cada año las tarifas aprobadas por MAS y, también hasta ahora, "los tribunales han dado siempre la razón a la Mancomunidad".

Ha destacado que la tarifa de agua en alta regula el precio que otras empresas o ayuntamientos —en casos como La Palma, que gestiona el agua directamente— deben abonar a Giahsa por la labor de potabilizar y distribuir el agua hasta los depósitos generales de esos municipios. Esta labor supone "unos costes por metro cúbico en los que incurre la empresa de MAS y que, según establece nuevamente esta sentencia del TSJA, se corresponden con los que se reflejaron en las tarifas aprobadas por el Pleno mancomunado".

Aunque dichos costes son incorporados a los respectivos sistemas tarifarios y repercutidos a los ciudadanos en su factura por Aqualia y los ayuntamientos, estas entidades "vienen retrasando los pagos todo lo que pueden". Es decir, que tanto el ayuntamientos de La Palma como Aqualia en cuanto prestadora del servicio en Lepe, Moguer, Bollullos o Valverde "están cobrando a los ciudadanos por un agua que ellos no pagan, en unos casos parcialmente y en otros en su totalidad".

La deuda global de estas entidades con Giahsa por este concepto se eleva actualmente a más de 4,2 millones de euros, circunstancia particularmente "sangrante" en el caso de Aqualia, con la que se firmó un acuerdo de pago del 80 por ciento de los importes para evitar que la deuda "se disparase mientras se resolvían los pleitos judiciales".

Desde Giahsa confían en que esta sentencia del Alto Tribunal andaluz venga a normalizar unas relaciones comerciales que "deberían ser tan sencillas como pagar por el agua en alta que se nos compra". La empresa de gestión de MAS aclara que, "bajo ningún concepto nos planteamos por el momento dejar de servir agua potable a estos municipios, porque nos movemos por un sentido de servicio público y de responsabilidad, de manera que los ciudadanos no deben sufrir las consecuencias de las diferencias que puedan existir con otras empresas y ayuntamientos".