El juicio a cuatro policías nacionales de la localidad malagueña de Ronda y un guardia civil, que habían sido acusados por presunta corrupción policial, junto a otras cuatro personas más, ha quedado este jueves visto para sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, donde comenzó en octubre de 2011, una vez que han concluido todas las defensas sus informes finales.

Los hechos investigados sucedieron de 2003 a 2007. Una unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional desarrolló un amplia investigación, que desembocó en la detención entre febrero y mayo de 2007 de los acusados, partiendo de informaciones que involucraban a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con actividades de prostitución y explotación de mujeres extranjeras.

En esta causa, la Fiscalía de Málaga acusó inicialmente al inspector jefe que estaba al frente de la Comisaría de Ronda, el subinspector y encargado de las secciones de Documentación y Extranjería, dos agentes de la Policía Judicial y un guardia civil, además de tres dueños de clubes de alterne de la zona —uno no ha sido juzgado al estar en rebeldía— y otra persona.

El fiscal ha modificado sus conclusiones iniciales y ha presentado a la Sala un nuevo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ha retirado acusaciones y varios delitos, como el de prostitución, fraude y abuso sexual, de los que se acusaba a varios de los procesados, con la consiguiente rebaja de la pena solicitada inicialmente.

Así, el ministerio público ha mantenido la acusación para el inspector jefe por un delito de cohecho y por otro de abusos en el ejercicio de la función pública, solicitando finalmente un año de prisión, seis de inhabilitación absoluta y multa de 18.000 euros, frente a los 14 años de prisión y los 22 de inhabilitación que pedía inicialmente.

Al que fuera subinspector de Extranjería se le acusa de abusos en el ejercicio de su función, prevaricación y falsedad, pidiendo cuatro años de cárcel, inhabilitación especial por tres años y absoluta por 10 años. A los otros dos agentes se les acusa finalmente de cohecho, solicitando multa de 6.000 euros e inhabilitación por tres años. Al guardia civil se le acusa de omisión del deber de perseguir delitos.

La Fiscalía sostiene que el jefe y los demás agentes conocían la presencia constante en varios clubes de alterne de trabajadoras en situación irregular, pese a lo cual realizaron actuaciones "meramente rutinarias", aunque "no ha quedado acreditado que lo hicieran bajo la certeza de que en dichos locales se estuvieran cometiendo delitos y pretendiendo garantizar su impunidad".

En concreto, en lo que respecta al responsable de la Comisaría, la acusación pública indica que visitó dichos clubes en calidad de cliente, en ocasiones tras inspecciones, "dejándose invitar por los dueños, pese a intuir que semejantes atenciones le eran dispensadas sólo en consideración de su cargo". En el escrito del fiscal se detallan varias de estas visitas.

Asimismo, considera que éste conoció a una mujer extranjera que no había solicitado la prórroga de estancia y "pese a conocer esta circunstancia" y, siendo plenamente consciente de que en su calidad de inspector jefe al frente de la Comisaría de Ronda estaba legalmente obligado a promover un expediente, "optó por sacar provecho de la situación y le ofreció su protección".

Respecto al subinspector, el fiscal estima que favoreció al dueño de uno establecimiento al "omitir la notificación y ejecución de un decreto de expulsión" de una mujer y supuestamente se aprovechó de su posición respecto a la petición de residencia de otra testigo. Sobre los otros dos agentes, sostiene que habrían exigido a la responsable de uno de los locales una participación en los beneficios.

En cuanto al agente de la Guardia Civil, señala que frecuentaba dichos clubes y, según la acusación pública, sí "estaba al corriente de las actividades que se desarrollaban", en particular la venta de cocaína, pero "faltando a las más elementales obligaciones de su cargo, descartó de forma consciente la adopción de cualquier iniciativa tendente a la persecución de este delito".