La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía "sigue sin respuesta" por parte del Ministerio del Interior sobre la propuesta de ampliación del convenio que posibilite la reanudación del servicio de orientación jurídica penitenciaria, suspendido desde el pasado mes de abril debido a la "negativa" del Gobierno del Estado de firmar el citado convenio.

En una nota remitida a Europa Press, la Consejería ha informado de que se mantiene a la espera de lo que decida el Ministerio en relación a la propuesta remitida "hace meses" a Madrid para poder restablecer la prestación de este servicio que permite a la población reclusa en Andalucía recibir orientación y asistencia jurídica por parte de los abogados de forma gratuita.

La Consejería considera "indispensable" este convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Abogados y el Ministerio, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con el objetivo de dar cobertura legal a la prestación de este servicio en el interior de las prisiones.

Justicia e Interior sostiene que "no es posible volver a prestar este servicio sin la participación y autorización del Ministerio, toda vez que hay aspectos en los que es necesaria la implicación de Instituciones Penitenciarias para su correcto funcionamiento".

En este sentido, la Consejería mantiene que es "imprescindible", como así lo regulaba el convenio, la participación de los centros penitenciarios en la certificación de las asistencias, el acceso al expediente disciplinario de los internos o el control de los horarios y días de prestación del servicio, y también del listado de los letrados que accedían al centro para ofrecer este servicio, entre otras obligaciones.

Justicia e Interior pone de relieve que la asistencia jurídica penitenciaria "es un servicio complementario que venía a ampliar la atención que en materia de atención jurídica se viene prestando por parte de los centros penitenciarios, cuyos servicios garantizan actualmente los derechos de los reclusos y dan cobertura a necesidades".

La Junta subraya que la propuesta de ampliación del convenio para continuar prestando el servicio la tiene en su poder el Ministerio del Interior desde noviembre de 2011 firmada tanto por el Gobierno andaluz como por el propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

El departamento que dirige Emilio de Llera se vio obligado a suspender el servicio el pasado mes de abril al no tener la autorización del Ministerio, a pesar de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había destacado en varias ocasiones los resultados positivos que ofrecía dicha asistencia.