La Fiscalía ha solicitado tres años y medio de prisión para la exalcaldesa de Torreperogil (Jaén) María Dolores Solas (IU) por un delito de falsedad documental y otro de prevaricación, toda vez que en septiembre de 2010 dictó presuntamente un decreto por el que se sustituía al interventor J.S.A. por otro, tras comunicar el mismo la baja por enfermedad y "a sabiendas de Solas de que dicha enfermedad no era cierta".

En un escrito de la Fiscalía en el que interesa al Juzgado de Instrucción número 3 de Úbeda la apertura del juicio oral, y al que ha tenido acceso Europa Press, se pide también para la exalcaldesa ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por prevaricar así como otros cuatro por el delito de falsedad documental. Del mismo modo, ha solicitado por este delito 3.000 euros de multa.

Asimismo, dicho escrito relata que todo comenzó cuando en marzo de 2010 la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta dejó sin efecto "la acumulación de funciones del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Torreperogil a favor de J.S.A.".

De esta manera, una vez notificada esta resolución a la Alcaldía, desde ésta "no se procedió a dar de baja al citado interventor, a pesar de que por la secretaría del Ayuntamiento se le informó verbalmente de que tenía que cesarlo". Sin embargo, en el recurso en vía administrativa "ni se le solicitó ni se acordó la suspensión de la resolución, continuando ejerciendo el interventor sus funciones en el Consistorio".

Más tarde, con fecha 13 de septiembre de 2010, a sabiendas de que no era cierta la enfermedad de J.S.A., Solas "dictó un decreto por el que, comunicada la baja por enfermedad de éste, se procedía a su sustitución con carácter incidental nombrando interventor a otra persona", según señala el Ministerio Fiscal.

Sin embargo, "ni en la Diputación de Jaén, donde J.S.A. ejercía también como interventor, ni en el Ayuntamiento de Torreperogil, consta que el mismo haya estado de baja en el mes de septiembre de 2010". Así, se solicita para este acusado ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por el delito de usurpación de funciones públicas.